La Justicia de Mendoza rechazó las medidas cautelares solicitadas por organizaciones ambientalistas, comunidades indígenas y vecinos de Uspallata, mediante las cuales buscaban suspender la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto minero PSJ Cobre Mendocino, la cual fuera aprobada por la Legislatura de Mendoza durante el pasado mes de diciembre. De este modo, la DIA sigue vigente, mientras continúan los trámites de las acciones de amparo presentadas contra el Estado provincial.

Las resoluciones fueron dictadas por el Tribunal de Gestión Asociada Primero de Mendoza, que analizó los planteos formulados en el marco de amparos ambientales promovidos por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Comunidad Huarpe Guaytamarai, la Fundación Cullunche y el ciudadano Alder Damián Corsanigo. En todos los casos, los magistrados coincidieron en que no se configuraron los requisitos necesarios para ordenar la suspensión inmediata del proyecto.

El tribunal concluyó que no se acreditó una ilegalidad manifiesta ni la existencia de un peligro de daño inminente que justificara el dictado de una medida cautelar de carácter excepcional. En ese marco, se resolvió mantener vigente la DIA del PSJ Cobre Mendocino.

En ese sentido, el juez Pablo Bittar rechazó la cautelar solicitada al considerar que no se cumplían las condiciones de verosimilitud del derecho y peligro en la demora, exigidas por la normativa procesal.

Cabe destacar que, según lo establecido en el Código Procesal Civil, Comercial y Tributario de Mendoza (Ley 9001), para conceder una medida cautelar se exige el cumplimiento de tres requisitos: verosimilitud del derecho, el peligro en la demora y la prestación de contracautela.

Además, los magistrados indicaron que el principio precautorio debe aplicarse con criterios de razonabilidad y proporcionalidad, y con base fáctica suficiente, para evitar la paralización automática de actividades lícitas sin una demostración concreta de daño grave o irreversible.

El rechazo de las cautelares implica que la DIA del proyecto PSJ Cobre Mendocino continúa vigente y que el Estado provincial no se encuentra impedido de ejecutar los actos administrativos derivados de su aprobación. Por su parte, las acciones de amparo presentadas contra el Estado provincial seguirán su curso.

Cabe recordar que hace algunos días la Justicia también había rechazado un amparo presentado contra las declaraciones de impacto ambiental de 34 proyectos de exploración minera ubicados en el departamento de Malargüe.

¿Cuáles eran los planteos de los ambientalistas?

Las medidas -impulsadas por la Comunidad Huarpe Guaytamari y la Fundación Cullunche, el vecino de Uspallata Alder Damián Corsanigo y un colectivo integrado por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), organizaciones sociales y asambleas ambientales- buscaban la suspensión de los efectos jurídicos y materiales de la DIA, con el objetivo de frenar cualquier actividad vinculada al proyecto minero.

Entre los argumentos centrales, sostuvieron que la declaración de impacto ambiental aprobada es condicionada e incompleta, que vulnera el principio precautorio, el derecho humano al agua, el derecho a un ambiente sano consagrado en el artículo 41 de la Constitución Nacional y los derechos de los pueblos indígenas, en particular el de consulta previa, libre e informada.

También cuestionaron una presunta afectación de la cuenca del arroyo El Tigre, del patrimonio cultural asociado al Qhapaq Ñan y la compatibilidad del proyecto con la Ley 7722.