La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) fue sancionada por la Justicia Federal de San Rafael con una multa de $15.000 diarios a favor del beneficiario por no restituir una pensión no contributiva suspendida de forma irregular. Si bien en otras provincias el organismo ya había cumplido con la restitución, en Mendoza el incumplimiento persistió, lo que derivó en una sanción ejemplar.
El fallo judicial se emitió luego de que la ANDIS y la ANSES se negaran a pagar la pensión pese a una orden previa de la Justicia. Ante la falta de cumplimiento, el tribunal resolvió aplicar “sanciones conminatorias, pecuniarias y compulsivas, por día de retraso y en favor de la actora”, marcando un precedente importante para casos similares en la provincia.
El demandante había sufrido la suspensión de su pensión por invalidez sin acto administrativo ni notificación previa, lo que le impidió ejercer su defensa. Según la resolución, la notificación de la auditoría nunca llegó a su domicilio, aunque allí mismo sí se informó la suspensión. “De haber sido correctamente notificado, el hombre hubiese podido presentarse con la documentación que avala su derecho”, detalla la causa.
El caso abrió la puerta a una serie de nuevas demandas en Mendoza, donde cada vez más personas con discapacidad denuncian la suspensión intempestiva de sus pensiones. Una de las causas fue presentada por un hombre con VIH diagnosticado en 2016, quien asegura que su beneficio fue cancelado sin fundamentos ni procedimiento previo. El defensor público que lo representa señaló la gravedad del caso, dado que la pensión era su único ingreso para subsistir.
Otra demanda reciente corresponde a una mujer con una cardiopatía congénita a quien también se le suspendió el beneficio, junto con su cobertura médica de Incluir Salud. En su presentación, explicó que nunca recibió notificación para la auditoría y que la pensión representa el 70% de una jubilación mínima, unos $300.000, monto que apenas alcanza para sus gastos básicos.
Desde la Agencia de Discapacidad no se brindaron respuestas concretas, mientras que los reclamos en Mendoza continúan en aumento. En otras provincias como Formosa, las pensiones ya fueron restituidas. Sin embargo, en el territorio mendocino el conflicto se agrava día a día, con decenas de beneficiarios que permanecen sin ingresos ni cobertura médica a la espera de una resolución judicial.
La medida del Juzgado de San Rafael busca no solo reparar el perjuicio individual, sino también marcar un límite ante el incumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad, que enfrentan una vulnerabilidad económica y social cada vez más profunda.
