La Justicia Federal de Mendoza confirmó un fallo clave que frena los aumentos desmedidos en las cuotas de la medicina prepaga y obliga a recalcular los valores aplicados desde enero de 2024. La decisión representa un fuerte respaldo para miles de afiliados que vieron impactado su bolsillo tras la desregulación del sistema.

En su resolución, la Cámara Federal declaró inconstitucional parte del DNU 70/2023, el decreto que había eliminado los controles estatales sobre las empresas de medicina prepaga y habilitado incrementos sin regulación. Los jueces entendieron que el servicio de salud no puede ser tratado como una actividad comercial más, ya que está directamente ligado al derecho fundamental a la salud.

El tribunal remarcó que el Estado no puede retirarse por completo del control del sistema, porque esa ausencia deja a los usuarios en una clara situación de desventaja frente al poder económico de las empresas. El reclamo fue impulsado por el estudio jurídico Aguinaga junto a un afiliado, y sentó un precedente relevante para futuros casos similares.

Además, los magistrados cuestionaron al Gobierno nacional por no haber justificado la urgencia del decreto. Señalaron que no se presentaron datos concretos que demostraran una crisis en el sistema de salud, ni se explicó de qué manera la desregulación beneficiaría a los afiliados.

El fallo también puso el foco en el impacto social de los aumentos, destacando que se ignoró la situación de consumidores, jubilados, adultos mayores y familias, quienes fueron los más afectados por los incrementos en las cuotas mensuales.

Como consecuencia de la decisión judicial, la empresa demandada deberá volver a cobrar el valor vigente en diciembre de 2023 y, desde allí, actualizar las cuotas únicamente según la inflación, tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) u otro índice que defina la autoridad de control.

En términos concretos, una persona que reclame podría terminar pagando cerca de un tercio de lo que hoy le están cobrando, lo que convierte al fallo en una herramienta clave para los afiliados.

Sobre este tema habló la abogada Laura Cannizzaro en el programa Tenés que saberlo, Allí recomendó que quienes no hayan iniciado acciones reúnan las facturas hasta diciembre de 2023 y se asesoren legalmente para evaluar un reclamo.
“El que no reclamó, le recomendamos que se asesore, que reúna la documentación y avance judicialmente”, explicó.

Cannizzaro también advirtió que la vía administrativa no suele dar resultados y aseguró que el camino judicial es el más efectivo: “En ninguno de los casos que llevamos logramos que la cuota se ajuste por la vía administrativa”, sostuvo.