La Justicia -a través de la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, y en el marco de un pedido de acceso a datos públicos presentado por el gremio La Bancaria- resolvió que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) deberá transparentar los movimientos vinculados al traslado de oro al exterior, al considerar insuficientes los argumentos que el organismo esgrimió para no dar esa información.

El fallo fue dictado por la Sala V del tribunal, integrada por los jueces Guillermo Treacy y Pablo Gallegos Fedriani, quienes concluyeron que el BCRA omitió explicar “punto por punto” las razones por las cuales cada uno de los datos solicitados debía quedar bajo reserva. En ese sentido, señalaron que la entidad no cumplió con los estándares exigidos por la Ley 27.275 de Derecho de Acceso a la Información Pública.

Cabe recordar que el BCRA había rechazado brindar detalles sobre los movimientos de lingotes amparándose en el artículo 8 de la Ley de Derecho a Acceso a la Información Pública, al sostener que la difusión de esa información “pondría en riesgo la seguridad de las reservas y la estabilidad financiera del país”. Sin embargo, la Cámara consideró que esa justificación fue genérica y carente de fundamentos técnicos específicos.

Con este nuevo escenario, el BCRA ahora tendrá que opta rentre entregar la documentación requerida o fundamentar de manera técnica y detallada cuáles de los puntos solicitados podrían efectivamente afectar la estabilidad financiera si se hicieran públicos.

El origen del conflicto judicial

El contrapunto nace tras un pedido de acceso a la información pública presentado hace un año por la Asociación Bancaria, que conduce el diputado nacional Sergio Palazzo. En esa solicitud, se requería al titular del Banco Central que esclareciera “las versiones relativas a la salida de oro de las reservas del organismo con destino al exterior”.

En su presentación, Palazzo había señalado que existieron movimientos concretos en junio de 2024, al indicar que el día 7 de ese mes “hubo una partida” y que el 28 se habría producido otra operación similar. El pedido reclamaba información “clara, precisa, completa y detallada”, en el marco de lo que establece la ley vigente.

Tras la polémica generada por esas versiones, el ministro de Economía, Luis Caputo, salió a explicar públicamente que el eventual traslado de oro al exterior era un movimiento “muy positivo” que permitía obtener rendimientos financieros. Según planteó, mantener el oro inmovilizado en el país impedía generar retornos que sí serían posibles a través de su colocación fuera del sistema local.