La Dirección General de Escuelas (DGE) confirmó que en los próximos días se implementará una reforma al Código Contravencional para sancionar a los padres o tutores de estudiantes que ejerzan violencia escolar. La decisión se tomó tras el impactante caso ocurrido en la escuela Marcelino Blanco de La Paz, donde una alumna permaneció atrincherada durante cinco horas con un arma de fuego, realizando detonaciones al aire y apuntando contra una docente.

Desde la DGE señalaron que los adultos deben asumir un rol activo en la prevención de la violencia, dado que la joven utilizó el arma de su padre, un comisario con funciones en San Luis. El ministro de Educación, Tadeo García Zalazar, precisó que en un plazo de 15 días estarán listos los cambios legales para que los padres enfrenten consecuencias concretas frente a las conductas de sus hijos.

Actualmente, el Código Contravencional ya establece sanciones para quienes no envían a sus hijos a la escuela, al ser la educación primaria y secundaria obligatoria. La Justicia de Paz ha aplicado esas penas, y ahora el esquema se ampliará para incluir situaciones de violencia en el ámbito escolar.

En paralelo, la DGE trabaja en un registro de denuncias de violencia escolar mediante el 911, con el fin de sistematizar los casos y dar respuesta más rápida.

El hecho de La Paz fue calificado por las autoridades como el primero en Mendoza en el que una alumna armada puso en riesgo a compañeros y docentes dentro de una escuela. Varios estudiantes debieron ser hospitalizados por crisis de nervios y una profesora quedó internada en estado de shock. La adolescente, en tanto, permanece bajo atención médica en el hospital Notti.

El episodio reavivó recuerdos del caso de mayo de 1997, cuando un joven de 14 años utilizó el arma de su padre gendarme y asesinó a un compañero en Buenos Aires, hecho que inauguró en América Latina la discusión sobre el acceso a armas en hogares con menores de edad.