La Cámara de Diputados aprobó por mayoría la denominada Ley Hojarasca II, iniciativa que ya contaba con media sanción del Senado y que constituye la segunda etapa del proceso de ordenamiento y actualización del marco normativo provincial. Con esta normativa, se derogan 91 leyes que se suman a las eliminadas en la primera fase del plan.
Según se detalla en la fundamentación del proyecto, se trata de la “segunda etapa de un proceso integral orientado a revisar y actualizar la totalidad del marco normativo provincial”. En la primera instancia se analizaron las leyes generales vigentes sancionadas hasta 1950, mientras que en esta oportunidad el estudio abarcó aquellas promulgadas entre 1950 y 1975.
En ese período se revisaron 172 leyes generales vigentes, de las cuales se propuso la derogación de 91. De acuerdo con el texto, la elección de ese intervalo temporal respondió a la posibilidad de realizar una revisión exhaustiva. Las normas sancionadas con posterioridad a 1975 serán evaluadas en las próximas etapas del proceso. De hecho, la tercera parte del proyecto ya fue presentada días atrás por las autoridades legislativas.
Entre las leyes que ahora quedarán sin efecto se encuentra la Ley 3514, que establecía un esquema de supervisión estatal sobre la economía privada en la provincia, otorgando amplias facultades al Poder Ejecutivo en un contexto de fuerte intervención estatal. También se elimina una norma que regulaba los días en los que el comercio podía funcionar, materia que actualmente se encuentra contemplada por disposiciones más recientes.
Desde la oposición, el diputado José Luis Ramón (CyC) votó en contra y consideró que el argumento de la urgencia y la modernización para simplificar el sistema legal “es ideológico y político”.
En la misma línea, el diputado Germán Gómez (PJ) manifestó el rechazo de su bloque y recordó el principio jurídico según el cual la ley posterior deroga a la anterior. “Es un principio romano que orienta la interpretación frente a una normativa vieja y una nueva o ante legislaciones de igual jerarquía cuando existen incompatibilidades”, argumentó.
Por su parte, Edgardo Civit Evans (PJA) se abstuvo durante la votación.
Con la aprobación de la Ley Hojarasca II, la Legislatura avanza en el proceso de depuración normativa que continuará con el análisis de las leyes sancionadas después de 1975.
