La ampliación del penal ubicado en El Cerrito, en San Rafael, quedó en stand by luego de que el Municipio determinara que el proyecto impulsado por el Gobierno provincial no cuenta con factibilidad municipal para avanzar en su ejecución.

La decisión fue adoptada por la Dirección de Ordenamiento Territorial de la comuna que conduce Omar Félix, tras analizar el expediente remitido por la Provincia y considerar los planteos realizados por vecinos de la zona, quienes manifestaron su rechazo a la iniciativa.

El director del área, Mariano Miras, explicó que el Municipio tomó intervención cuando advirtió que ya se había lanzado el llamado a licitación. Según indicó, si bien el Gobierno provincial inició el trámite de evaluación de impacto ambiental —obligatorio para obras de esta magnitud—, no se había gestionado la factibilidad municipal correspondiente para la construcción.

Desde la comuna señalaron que se solicitó la documentación técnica exigida para cualquier obra pública o privada. El expediente fue derivado a la Comisión Interdisciplinaria de Ordenamiento Territorial, donde distintas áreas analizaron el alcance del proyecto. Tras esa evaluación, concluyeron que la propuesta presentaba inconsistencias respecto de los criterios establecidos en la Ley 8051 y el plan de ordenamiento territorial local.

Entre los elementos considerados también figuró el impacto ambiental y social. Según el funcionario, el análisis no se limitó a variables estrictamente ambientales, sino que incluyó aspectos vinculados al entorno social. En ese marco, vecinos de la zona reunieron más de 1.200 firmas en oposición a la ampliación y plantearon inconvenientes vinculados al funcionamiento de la planta de tratamiento, particularmente por olores y cuestiones de saneamiento.

Desde el Ejecutivo municipal aclararon que no existe una postura contraria a la construcción de un establecimiento penitenciario, pero remarcaron que cualquier iniciativa debe ajustarse a la normativa vigente y respetar los procedimientos formales. También recordaron que la competencia en materia penitenciaria es exclusiva de la Provincia, mientras que el Municipio interviene en la determinación de usos del suelo.

Como alternativa, desde la comuna mencionaron un predio de aproximadamente 50 hectáreas en la zona de Colonia Elena que, según indicaron, podría resultar adecuado para una colonia penal y para el eventual traslado de las instalaciones actuales.

Por el momento, el proyecto en El Cerrito no podrá avanzar hasta tanto no se obtenga la factibilidad correspondiente, en un escenario que deja abierto el debate institucional entre Provincia y Municipio sobre la planificación y coordinación de obras de esta envergadura.