La exmonja Kumiko Kosaka fue condenada a 20 años de prisión por los abusos sexuales ocurridos en el Instituto Próvolo. El fallo se dio a conocer este jueves en el Polo Judicial Penal luego de que concluyera el juicio de censura. Hace algunas semanas, la Suprema Corte la había hallado culpable.

Cabe resaltar que, pese a la condena recibida, Kosaka continuará en libertad hasta que el fallo quede firme. Esto se debe a que los jueces -Gabriel Bragagnolo, Federico Martínez y Juan Manuel Pina González- tuvieron en cuenta que la exmonja cursó prisión preventiva durante cinco años y dos meses mientras se desarrollaban las investigaciones correspondientes.

Ahora, de acuerdo a las condiciones impuestas por los jueces, Kosaka deberá fijar domicilio en Mendoza y entregar su pasaporte. Además, tendrá prohibido salir del país y deberá pagar una fianza de $15.000.000 para poder mantenerse fuera de prisión mientras el fallo no esté firme. Tampoco podrá, por un periodo de diez años, realizar ningún tipo de actividad relacionada con menores de edad.

Cabe recordar que durante la audiencia de censura, que tuvo lugar el miércoles en el Polo Judicial, el Ministerio Público Fiscal y la querella habían solicitado una pena de 22 años de prisión efectiva para Kosaka. Por su parte, la defensa mantuvo la postura sobre la inocencia de la religiosa y optó por no requerir una escala de condena. 

El giro en la causa que terminó con Kosaka condenada

La situación judicial de Kosaka dio un giro decisivo tras la intervención de la Suprema Corte. En octubre de 2023, la religiosa había sido absuelta junto a otras cuatro acusadas en un fallo que generó el rechazo masivo de las víctimas y la apelación inmediata de la fiscalía.

Sin embargo, la Corte revirtió la resolución al considerarla partícipe necesaria en dos hechos de abuso perpetrados por el sacerdote Horacio Corbacho, además de declararla autora directa de tres episodios de tocamientos contra los menores que se encontraban bajo su cuidado. Tras esta confirmación de culpabilidad, la definición del monto de la pena quedó formalmente en manos del tribunal asignado.