La Justicia de Mendoza unificó las tres condenas que pesan sobre Paloma León Araya (53), una mujer trans que fue declarada culpable en distintas causas por trata de personas, tentativa de extorsión y robos agravados. La nueva resolución judicial establece una pena única de ocho años de prisión efectiva, que continuará cumpliendo en el complejo penitenciario Almafuerte II, ubicado en Cacheuta.

A lo largo de su historial judicial, León Araya fue juzgada y condenada en tres oportunidades, dos en la Justicia provincial y una en el fuero federal. La jueza Mónica Romero fue quien, en los últimos días, decidió unificar las penas en una sola sentencia.

Según la investigación, Paloma León manejaba una red de prostitución en la zona de la Costanera, donde explotaba a mujeres, muchas de ellas en situación de vulnerabilidad o con adicciones. El operativo que derivó en su detención comenzó tras una denuncia anónima realizada a la línea 145, del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, en diciembre de 2020.

Las pesquisas policiales revelaron que la acusada operaba desde un departamento acondicionado con habitaciones para servicios sexuales y una terraza desde la cual controlaba el movimiento de las víctimas. Además, las escuchas telefónicas confirmaron las maniobras de extorsión y control que ejercía sobre las trabajadoras sexuales.

El esquema delictivo consistía en captar a mujeres trans y travestis y ofrecerles “seguridad” en las zonas que dominaba: San José, la Cuarta Sección Este y parte del carril Rodríguez Peña, a la que llamaba “La Ruta”. A cambio, debían pagar una “plaza” para poder trabajar, y también se les cobraba el uso de las habitaciones, además de una comisión sobre los servicios sexuales.

Los primeros días de cada mes, Paloma León organizaba reuniones obligatorias para ajustar las cuentas y cobrar los montos correspondientes. Las trabajadoras que faltaban eran multadas con $10.000, según consta en las pruebas judiciales. En varias escuchas, además, se registraron conversaciones sobre préstamos, dinero retenido del ANSES y deudas que superaban los $300.000, lo que reforzó la acusación por extorsión y explotación económica.

De acuerdo con los investigadores, León Araya también aprovechaba las adicciones de las víctimas para venderles drogas, incrementando su dependencia y sometimiento.

Con esta resolución, la Justicia buscó cerrar un extenso proceso judicial que visibiliza la vulnerabilidad y el abuso en contextos de prostitución, recordando que la trata de personas sigue siendo uno de los delitos más complejos y silenciosos del país.