El exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, se presentó este jueves en los tribunales federales de Comodoro Py para comenzar a cumplir su pena de cuatro años de prisión por su responsabilidad en la Tragedia de Once, luego de que la Corte Suprema de Justicia dejara firme la sentencia en su contra.

El exfuncionario, clave durante las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner (2003-2015), llegó a la sede judicial antes de la hora citada para efectivizar la condena impuesta por el Tribunal Oral Federal N°4.

El tribunal rechazó el pedido de prisión domiciliaria que había presentado la defensa, por lo que De Vido (75) fue trasladado directamente al penal de Ezeiza para cumplir la sentencia por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en el caso de la tragedia ferroviaria de 2012, que causó 52 muertes y cientos de heridos.

Su abogado, Maximiliano Rusconi, calificó la decisión del Máximo Tribunal como “arbitraria y violatoria de los derechos humanos fundamentales”, cuestionando la “velocidad sospechosa y oportunismo evidente” con que la Corte rechazó el recurso de queja que impugnaba la pena.

La decisión de confirmar la condena fue tomada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes declararon “inadmisibles” los recursos presentados por la defensa de De Vido y también por el Ministerio Público Fiscal (MPF).

Los magistrados determinaron que el exministro fue “partícipe necesario del delito de administración fraudulenta” por el manejo irregular de los fondos destinados a la concesionaria Trenes de Buenos Aires (TBA) que operaba el ramal. Aunque fue absuelto del cargo de estrago culposo (relacionado con las muertes), la sentencia por fraude quedó sellada en cuatro años de cárcel y la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.

De Vido, quien ya había estado detenido preventivamente entre 2017 y 2020 por la causa Río Turbio, nunca había estado preso por la Tragedia de Once.

Su defensa presentó problemas de salud, como ser paciente insulinodependiente, sufrir hipertensión arterial, asma y otros problemas cardíacos, como argumentos para obtener el beneficio de la prisión domiciliaria. Sin embargo, los magistrados no certificaron esos problemas de salud en primera instancia.

Rusconi anunció que presentará nueva documentación clínica al Tribunal Oral N°4, que será el encargado de evaluar si, posteriormente, corresponde conceder la detención en su domicilio. Mientras tanto, el tribunal ya ordenó su traslado a Ezeiza.