En el marco del extenso jucio por la expropiación de YPF en 2012, este lunes la jueza Loretta Preska rechazó el pedido de suspensión de la sentencia que obliga a Argentina a transferir el 51% de las acciones de la empresa petrolera a los beneficiarios del fallo.

El 30 de junio Preska habia decidido que el país debía transferir el 51% de las acciones Clase D de la petrolera YPF al fondo Burford Capital, que compró los derechos de litigio del Grupo Petersen Energía e IEASA (ex Enarsa) y del Eton Park Capital Management.

Ante esa situación, el Estado argentino le envió una carta a la jueza, en la cual le solicita que suspenda su fallo, debido a que continuará con sus acciones judiciales en los estrados estadounidenses.

Sin embargo, pese al escrito de Argentina, este lunes Preska rechazó ese pedido y mantiene su decisión de que el país debe entregar el 51% de las acciones de YPF para pagar una sentencia de U$S 16.000 millones a favor de los litigantes.

Entre los argumentos expuestos, la jueza señaló que el Estado argentino no cumplió con las condiciones previas que le habían permitido acceder a una suspensión sin garantía del fallo de septiembre de 2023, y acusó al país de intentar “eludir sus obligaciones” mediante tácticas dilatorias. Según Preska, Argentina “no realizó ningún esfuerzo para satisfacer las condiciones impuestas“.

Previendo esta postura por parte de la jueza, Argentina ya acudió a la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito. Ante esto, Preska extendió el plazo para ejecutar su orden tres días -hasta el 17 de julio- para darle tiempo a la Cámara a que decida sobre el caso.

En ese contexto, hoy Argentina ya se presentó solicitando que se conceda una suspensión administrativa temporal mientras tramita el pedido de suspensión ante dicho tribunal.

Además, el Estado nacional anticipó que continuará realizando presentaciones e incluso que podría recurrir a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, en caso de haber un nuevo fallo desfavorable.