Como respuesta a un pedido realizado por Burford Capital, uno de los beneficiarios del fallo por la expropiación de YPF, la República Argentina le presentó a la jueza Loretta Preska la declaración jurada vinculada al estado y la ubicación de las reservas de oro del Banco Central.
Cabe resaltar que el pedido de Burford Capital tenía como objetivo identificar activos embargables para ejecutar la sentencia de la jueza Preska, la cual es de US$16.100 millones.
Según explicó el periodista Sebastián Maril, el Gobierno fue categórico al señalar que la difusión de información sensible -como custodios, rutas de traslado o coordenadas exactas del oro- no constituye un trámite meramente administrativo, sino que representa un riesgo concreto para el país. En ese sentido, el escrito se advirtió que revelar esos datos podría afectar la gestión de liquidez de las reservas, comprometer la seguridad física del metal y generar impactos negativos sobre la política cambiaria y el respaldo del sistema bancario.
Sobre las reservas de oro, la defensa argentina argumentó que pertenecen al Banco Central de la República Argentina (BCRA) y no al Estado Nacional, y remarcó que el dicha entidad es autárquica e independiente, por lo que sus activos gozan de inmunidad de ejecución y resultan inembargables tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido y en la Argentina.
Por su parte, el ministro de Economía -Luis Caputo- presentó una aclaración ante la Corte en la que afirmó no contar con información “no pública” sobre las cuentas ni la localización del oro y sostuvo que sus declaraciones previas se basaron únicamente en datos difundidos por la prensa. En ese sentido, el funcionario buscó reforzar la separación entre el Tesoro y el Banco Central, un punto central para evitar que los activos de la entidad monetaria sean considerados un “alter ego” del Estado argentino.
