Este martes, el Gobierno nacional le solicitó a la jueza Loretta Preska, magistrada que está al frente del juicio por la expropiación de la petrolera YPF, que reconsidere la orden que obliga a Argentina a entregar chats de WhatsApp y otras comunicaciones del ministro de Economía, Luis Caputo; su antecesor Sergio Massa; y otros altos funcionarios de las gestiones de Javier Milei y Alberto Fernández.
Cabe recordar que la jueza había hecho lugar a pedidos que los demandantes habían realizado hace un año, y dispuso que Argentina haga entrega de comunicaciones relacionadas con YPF y el Banco Central desde dispositivos y cuentas personales de funcionarios y exfuncionarios.
Además, se autorizó la investigación sobre posibles vínculos de alter ego con Aerolíneas Argentinas, Banco Nación y ENARSA. Sin embargo, de acuerdo a fuentes oficiales, esta medida viola las leyes de Estados Unidos y de la Argentina, porque vulnera la soberanía argentina y, se cree, no conducirá al hallazgo de activos ejecutables de la República.
Ante la determinación tomada por Preska, la Procuración del Tesoro había señalado la semana pasada que evaluaría las opciones disponibles para apelar “esta orden de discovery sin precedentes“. De este modo. tal como había adelantado, el Gobierno le pidió este martes a la jueza del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York que revea su postura.
Todo este cruce de posturas se da en un contexto judicial, en el que la magistrada ordenó a Argentina a transferir el 51% de las acciones Clase D de la petrolera YPF a los fondos buitre beneficiarios del fallo contra la Argentina por la nacionalización de la empresa en 2012. La decisión de la jueza forma parte de la causa que impulsa el fondo Burford Capital, que compró los derechos de litigio del Grupo Petersen Energía e IEASA (ex Enarsa) y del Eton Park Capital Management, para reclamar una millonaria indemnización por presuntas irregularidades en el proceso de estatización encarado durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
