En un intento por destrabar una de las obras de saneamiento más urgentes del Gran Mendoza, el Departamento General de Irrigación dio un paso administrativo clave. Mediante la Resolución 622, publicada recientemente en el Boletín Oficial, el organismo declaró de “utilidad pública” un total de 21 parcelas ubicadas en el distrito de Los Corralitos, Guaymallén.

La medida tiene como objetivo liberar los terrenos necesarios para que Agua y Saneamiento Mendoza (AySAM) ponga en marcha el proyecto “Aliviador Colectora Máxima Noreste”, una infraestructura diseñada para el transporte y tratamiento de efluentes cloacales.

La decisión oficial no llega en un momento cualquiera. Los Corralitos viene siendo el epicentro de una grave crisis ambiental y de salud pública debido a los constantes derrames de líquidos cloacales sobre los canales de riego de la zona.

Este escenario derivó en una severa complicación judicial para el presidente de AySAM, Humberto Mingorance, quien se encuentra imputado por los delitos de daño agravado sobre un bien de uso público y contaminación de agua peligrosa para la salud.

Con la reactivación de este proyecto, el Gobierno provincial busca contrarrestar el impacto de este conflicto.

La resolución de Irrigación funciona como un “luz verde” legal para que la empresa estatal inicie las gestiones operativas sobre los inmuebles rurales afectados.

• AySAM queda autorizada a tomar posesión de las tierras mediante acuerdos voluntarios con los dueños, la constitución de servidumbres de paso y acueducto, o directamente a través de juicios de expropiación.
• El impacto sobre las propiedades rurales de la traza es sumamente variable: mientras que en algunos campos la afectación es de unos pocos cientos de metros, en otros supera los 11.000 metros cuadrados.
• Inicialmente, la ocupación de los terrenos tendrá un carácter preventivo mientras se ejecutan las tareas. Una vez finalizada la infraestructura sanitaria, se procederá a la delimitación final y a su inscripción en el registro correspondiente.

La publicación en el Boletín Oficial abre formalmente los plazos administrativos del proyecto bajo el amparo de la Ley Provincial 9.589.

A partir de ahora, el organismo regulador comenzará a notificar formalmente a cada uno de los propietarios alcanzados por la medida.

Los vecinos afectados que no estén de acuerdo con las condiciones o la afectación de sus campos tendrán un plazo de 10 días hábiles tras recibir la notificación para presentar sus recursos y apelaciones ante el Consejo de Irrigación.