Un empleado de comercio debería cobrar en julio 2025 un sueldo básico superior al millón de pesos, según el acuerdo paritario nacional alcanzado por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS). A esa cifra se le suma un monto fijo no remunerativo de $40.000 mensuales, que busca acompañar la pérdida del poder adquisitivo. Sin embargo, la realidad en Mendoza está muy lejos de esos números: muchos trabajadores no llegan ni a la mitad de ese ingreso.
La escala salarial vigente establece que un vendedor categoría B debería percibir $1.065.759 más la suma fija, mientras que un administrativo A ronda los $1.016.925, sin contar adicionales como zona, antigüedad o presentismo. Pero, en la práctica, los sueldos están fuertemente condicionados por la altísima informalidad del sector.
Fernando Ligorria, secretario general del Centro de Empleados de Comercio (CEC), reconoció que la mitad de los empleados del rubro en Mendoza trabaja en la informalidad total o parcial. “Estamos al 50% formal y 50% informal, algo que no veíamos desde hace muchos años”, alertó en declaraciones a Radio Nihuil. Y agregó que, incluso entre quienes están registrados, hay maniobras de precarización, como declarar solo media jornada laboral y pagar el resto “en negro”.
“La mayoría de los negocios ha precarizado el salario y los trabajadores están cobrando mucho menos de lo que marca el convenio colectivo”, afirmó Ligorria. Además, aseguró que junto a la Subsecretaría de Trabajo realizan inspecciones, pero no dan abasto ante la gran cantidad de locales comerciales que incumplen la normativa.
En este contexto, los testimonios de empleados de comercio reflejan una situación crítica. “Trabajando 8 horas no ganamos más de $600.000”, contó una comerciante del Gran Mendoza. Otro trabajador detalló: “Un joven empleado está en $500.000 y recién con feriados o extras se puede llegar a mejorar eso”.
Los aumentos paritarios muchas veces quedan en letra muerta. Si bien se acordó un incremento del 6% distribuido en cuotas mensuales, la falta de control efectivo y la debilidad en la homologación de los convenios hacen que los beneficios no lleguen a todos los trabajadores.
“Esto te da una pauta de cómo está la situación: baja la inflación, pero no porque mejoró el ingreso, sino porque la gente ya no tiene poder de compra”, sintetizó Ligorria, dejando en claro que el freno en los precios no es sinónimo de alivio, sino síntoma de una recesión que golpea con fuerza a los sueldos.
Mientras el salario mínimo en el papel supera el millón de pesos, la realidad marca que muchos empleados mendocinos no alcanzan ni los $600.000, quedando expuestos a la pérdida de poder adquisitivo, la informalidad y la falta de derechos laborales.
