Casi la mitad de los trabajadores en Argentina no tiene aportes jubilatorios, obra social ni estabilidad laboral. Según los últimos datos del INDEC, la informalidad laboral llegó al 43,2% en el segundo trimestre de 2025, marcando uno de los índices más altos de los últimos años.

Los jóvenes son quienes más sufren esta situación: seis de cada diez menores de 30 años trabajan fuera del sistema formal, mientras que entre los adultos la cifra desciende al 36,5%. Incluso dentro del empleo registrado, crecen las modalidades más precarias, como el monotributo o los contratos públicos temporarios.

Entre 2012 y 2025, el empleo privado casi no creció —solo un 3,1%—, mientras que los monotributistas aumentaron un 64,8% y el empleo estatal un 33,7%, según la Secretaría de Trabajo. De los dos millones de nuevos puestos formales, más del 85% pertenecen al Estado o a trabajadores independientes, y solo el 9% al sector privado.

La consultora Invecq, dirigida por el economista Esteban Domecq, advirtió que esta estructura “erosiona la base de ingresos del sistema previsional”, ya que los aportes de los trabajadores formales cubren apenas el 70% de los gastos jubilatorios. Según sus cálculos, se necesitan 27 monotributistas para igualar los aportes de un solo empleado en relación de dependencia.

Entre las causas del avance del empleo informal, los analistas destacan los altos costos laborales y la falta de crecimiento económico. Invecq señala que Argentina tiene los costos de contratación más elevados de la región, en torno al 70% del salario total, mientras que el IARAF ubica al país entre los diez con mayor carga de contribuciones patronales del mundo.

Sin embargo, desde el think tank Fundar sostienen otra postura: “Una reforma laboral no llevará a un salto en la cantidad de empleo, pero puede mejorar su calidad y formalizar muchas relaciones laborales”, señala un informe del centro. Para ellos, la clave está en un desarrollo económico sostenido más que en la reducción impositiva.

El debate también incluye el tema de la litigiosidad laboral. Invecq advirtió un aumento de juicios durante el primer cuatrimestre de 2025, aunque destacó que la eliminación de las multas por despido redujo los incentivos a judicializar. No obstante, aclaró que “persisten zonas grises” en los cálculos judiciales, lo que puede derivar en pagos hasta un 80% superiores a los ajustados por inflación.

Por su parte, Luis Campos, del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma, sostuvo en la red X que “la cantidad de juicios laborales es ínfima frente a las violaciones a los derechos laborales”. Según explicó, muchos trabajadores no denuncian porque prefieren conservar su empleo, mientras que las PyMES, con márgenes de ganancia cada vez más ajustados, incumplen obligaciones legales para poder subsistir.

Desde el Gobierno, el presidente Javier Milei defendió su proyecto de reforma laboral afirmando que busca “dar previsibilidad a las empresas e incentivar la contratación formal”. Tras el rechazo judicial al Decreto 70/2023, la Ley Bases incorporó cambios como la ampliación del período de prueba, la creación de un fondo de cese laboral y la posibilidad de que un trabajador independiente contrate a otros sin generar relación de dependencia.

Aun así, los economistas coinciden en un punto: sin crecimiento sostenido, no habrá formalización real del trabajo. La informalidad, lejos de ser solo un síntoma del mercado laboral, se consolida como uno de los principales desafíos estructurales de la economía argentina.