Este jueves el Boletín Oficial publicó algunos de despidos en la administración pública provincial. Seis empleados fueron cesanteados por distintas razones, que van desde inasistencias reiteradas hasta la falsificación de un certificado médico y faltas graves en la gestión de fondos públicos.
Uno de los casos más relevantes involucra a un contador de planta permanente en la Subsecretaría de Infraestructura Escolar del Ministerio de Planificación e Infraestructura Pública. El sumario administrativo reveló múltiples irregularidades durante su gestión del Fondo sin Reposición del Registro de Antecedentes de Constructores de Obras Públicas.
Entre las faltas detectadas se enumeran la falta de rendición mensual de noviembre de 2020, retenciones de Ingresos Brutos que no fueron ingresadas a la ATM, ausencia de declaraciones juradas por dichas retenciones, emisión de cheques y depósitos sin registrar, e incluso la contratación de un servicio que nunca se utilizó entre febrero y marzo de 2023. Por estos incumplimientos, se dispuso su cesantía.
Otro caso insólito fue el de una trabajadora de la Dirección de Salud Mental y Consumos Problemáticos, quien presentó un certificado médico con un supuesto diagnóstico de “cololacistis aguda”, una palabra que ni siquiera existe. El verdadero término era “colecistitis”.
El documento, además de estar mal redactado, llevaba la firma de un anestesista que negó haberlo emitido. El profesional aseguró que no conocía a la paciente, que no era su letra ni su firma, y que jamás confeccionó el certificado. La investigación concluyó que el documento era falso, por lo que la empleada fue expulsada del Estado provincial.
El tercer caso destacado involucra a un agente del Ministerio de Salud que, tras recibir el alta médica el 24 de diciembre de 2021, dejó de asistir a su puesto sin justificación durante 67 días. Informes internos confirmaron su inasistencia durante diciembre de ese año y los tres primeros meses de 2022. En abril, se le suspendió el salario y, posteriormente, tampoco se presentó a la audiencia indagatoria convocada en el marco del sumario. Finalmente, se decidió su cesantía.
