El histórico Colegio Nacional Agustín Álvarez, ubicado frente a la Plaza Independencia, quedó en el centro de una controversia que promete sumar capítulos. Lo que comenzó como una importante obra de recuperación edilicia ahora convive con versiones sobre un posible proyecto gastronómico que involucraría a empresarios privados.
El diputado provincial Lucas Ilardo decidió acercarse al establecimiento y abordar públicamente el tema. A través de un video difundido en sus redes sociales, mostró las inquietudes que existen alrededor del futuro del edificio y de los espacios que podrían destinarse a una actividad comercial.
La preocupación no es menor. Se trata de un establecimiento educativo con más de 160 años de historia, cuyo edificio posee protección patrimonial nacional y forma parte de la identidad arquitectónica y cultural de Mendoza.
Una inversión millonaria y preguntas que esperan respuestas
En junio de este año, el Gobierno provincial anunció una inversión superior a $1.500 millones para la recuperación integral del Colegio Nacional.
Los trabajos incluyen mejoras en aulas, instalaciones sanitarias y eléctricas, espacios deportivos y sectores históricos del establecimiento. Una intervención necesaria para un edificio que durante años necesitó importantes tareas de mantenimiento y conservación.
El ministro de Educación, Tadeo García Zalazar, y el intendente capitalino, Ulpiano Suarez, recorrieron las obras y destacaron la importancia de recuperar este patrimonio educativo.
Sin embargo, mientras avanzan los trabajos, comenzaron a circular versiones sobre un eventual aprovechamiento gastronómico de parte de las instalaciones.
Según esas versiones, empresarios interesados en desarrollar un emprendimiento comercial ya habrían recorrido sectores del colegio. Hasta el momento, no existe confirmación pública suficiente que permita identificar a esos visitantes, establecer el motivo de las presuntas recorridas o acreditar una negociación en marcha.
Y allí aparece una pregunta que el Gobierno provincial debería despejar cuanto antes: ¿existe realmente un proyecto para entregar parte del Colegio Nacional a un operador gastronómico privado?
Ilardo llevó la discusión al propio colegio
La intervención de Lucas Ilardo incorporó el tema a la discusión pública.
En su recorrida, difundida a través de Instagram, el legislador abordó las versiones sobre la posible instalación de un emprendimiento gastronómico y dio visibilidad a las inquietudes relacionadas con el destino de los espacios del establecimiento.
El planteo merece una respuesta institucional, independientemente de las diferencias políticas entre oficialismo y oposición.
Porque una cosa es recuperar un edificio histórico, una decisión necesaria y largamente esperada, y otra muy distinta sería avanzar con una explotación comercial sin explicar previamente sus condiciones, alcances y eventuales beneficios para la comunidad educativa.
La restauración del Colegio Nacional representa una inversión pública significativa. Por eso, cualquier decisión posterior sobre el uso de sus instalaciones debería contar con información accesible, fundamentos claros y las autorizaciones correspondientes.
Un antecedente que vuelve a cobrar relevancia
La posibilidad de incorporar actividades gastronómicas al Colegio Nacional no es completamente nueva.
Un anteproyecto arquitectónico de preservación y refuncionalización elaborado en 2010 contemplaba, entre otras alternativas, la instalación de un bar-confitería en la antigua casa del director, junto con espacios destinados a actividades culturales y de extensión comunitaria.
Ese antecedente demuestra que la utilización gastronómica de determinados sectores ya había sido estudiada hace más de una década.
Sin embargo, no acredita que exista actualmente un proyecto aprobado, una licitación en preparación o una concesión comprometida con empresarios.
Precisamente por eso resulta necesario conocer si las versiones actuales responden a una iniciativa concreta, a la recuperación de aquel antiguo anteproyecto o simplemente a propuestas que todavía no cuentan con respaldo administrativo.
¿Restauración patrimonial o negocio privado?
La discusión no debería reducirse a estar a favor o en contra de la gastronomía.
Un emprendimiento comercial puede ser compatible con determinados espacios patrimoniales si cuenta con las autorizaciones necesarias, respeta el valor histórico del inmueble y no perjudica su función principal.
El verdadero interrogante pasa por conocer quién decide, bajo qué procedimiento y con qué finalidad.
Si existiera una iniciativa para concesionar parte del establecimiento, correspondería informar qué superficie ocuparía, qué inversiones asumiría el eventual privado, cuánto pagaría por utilizarla y cómo se garantizaría que las actividades educativas no resulten afectadas.
También sería necesario determinar si alguna de las obras financiadas con recursos públicos está vinculada con ese eventual destino comercial.
Por ahora, no hay documentación pública verificada que permita afirmar que los $1.500 millones fueron invertidos para beneficiar a un empresario o preparar una concesión gastronómica.
Pero la ausencia de confirmaciones tampoco reemplaza la necesidad de brindar explicaciones sobre las versiones que comenzaron a circular.
El Gobierno tiene la oportunidad de aclararlo
La recuperación del Colegio Nacional Agustín Álvarez es una noticia positiva para Mendoza. Después de años de deterioro, la restauración de uno de sus edificios más representativos constituye una intervención relevante para la educación y el patrimonio provincial.
Lo que corresponde ahora es despejar cualquier incertidumbre sobre su destino.
Si no existe un proyecto gastronómico, el Gobierno puede aclararlo. Si existe, debería explicar sus características y el procedimiento previsto para llevarlo adelante.
Y si efectivamente empresarios privados visitaron las instalaciones para evaluar un posible negocio, sería importante conocer quién autorizó esas recorridas y en qué marco se realizaron.
El planteo de Ilardo abre una discusión que merece respuestas concretas, no solamente cruces políticos.
Porque detrás de los más de $1.500 millones anunciados hay fondos públicos, un edificio histórico y una comunidad educativa que tiene derecho a conocer qué se proyecta para su colegio.
El Colegio Nacional Agustín Álvarez no es un inmueble cualquiera. Es parte de la historia de Mendoza. Y si alguien pretende convertir una porción de ese patrimonio en un negocio, lo mínimo que corresponde es que los mendocinos conozcan el proyecto antes de que las decisiones estén tomadas.