En una sesión que marcó un antes y un después para la política minera provincial, la Legislatura aprobó por mayoría la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto PSJ Cobre Mendocino, lo que habilita el inicio de la primera explotación de cobre a escala industrial de la Argentina. Con 29 votos afirmativos —apoyo del PRO, el PD y un sector del peronismo—, 6 negativos y una abstención, quedó despejado el camino para que la ex San Jorge avance hacia la construcción de la mina en Uspallata.
Con la votación concluida, sólo resta la publicación en el Boletín Oficial para que el emprendimiento comience a ejecutarse, un proceso que podría permitir que la operación esté activa hacia fines de 2027. Durante la sesión, los defensores del proyecto remarcaron el impacto económico y laboral que podría generar la iniciativa, considerada por muchos como una oportunidad histórica para la provincia.
Entre los argumentos más resonantes, la presidenta del bloque Cambia Mendoza, Natacha Eisenchlas, destacó que “las exportaciones de Mendoza podrían crecer un 30% si se avanza con PSJ”, además de subrayar el potencial empleo asociado. La legisladora recordó que en Uspallata “el 70% de la población depende del Estado y un 30% vive bajo la línea de pobreza”, por lo que consideró que la minería podría transformar la realidad socioeconómica del distrito.
Desde La Unión Mendocina también acompañaron la votación —con excepción de Flavia Manoni— y apuntaron contra la grieta política que históricamente frenó el avance minero. El diputado Martín Rostand sostuvo que “hay que terminar con las falsas dicotomías”, al recordar que hace 14 años el oficialismo de entonces rechazó el proyecto porque gobernaba el peronismo, mientras que hoy es el PJ el que se opone. “Lo único que ocurrió fue perder 14 años”, afirmó.
Acto seguido, los senadores avanzaron sin demoras con otro punto clave de la agenda minera: la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental de la segunda etapa del Distrito Minero Malargüe, que incluye 27 nuevas iniciativas de exploración. La votación obtuvo 31 avales, 3 rechazos y una abstención, consolidando el rumbo pro-minero que impulsa el Gobierno provincial.
Con estas decisiones, Mendoza se encamina a un escenario de cambios profundos en su matriz productiva. Mientras el sector celebra un hito largamente postergado, el desafío será garantizar controles estrictos, diálogo social y beneficios reales para las comunidades locales, factores que definirán el impacto a largo plazo de esta nueva etapa minera.
