Romina Crisafulli, defensora oficial y que enfrentaba un proceso de jury de enjuiciamiento por presunto mal desempeño y desorden de conducta presentó su renuncia. La vicegobernadora Hebe Casado, a cargo del Poder Ejectuvo, se la aceptó y ya es oficial su salida.
La acusación contra Crisafulli había sido impulsada por la Defensora General, Cecilia Saint-André, quien en septiembre del año presentó un escrito de 58 páginas detallando una serie de presuntas irregularidades. Entre ellas, mencionó 136 inasistencias injustificadas, la negativa a retomar funciones pese a diagnósticos médicos contrarios y diversas quejas de personas asistidas por la titular de la Primera Defensoría Oficial Penal de Adultos de San Rafael.
Según la denuncia, los hechos encuadraban en dos de las causales previstas por la Ley del Jury de Enjuiciamiento: desorden de conducta y mal desempeño de funciones. La decisión de avanzar con el proceso y requerirle a la magistrada un descargo escrito había sido adoptada por unanimidad.
Uno de los puntos centrales del planteo se vincula con lo ocurrido durante 2024, año en el que —según la acusación— se registró una “presentación desmedida de certificaciones médicas inválidas”, presuntamente emitidas por el médico Héctor Alberto Rodríguez Medina, quien no estaría habilitado para ejercer la profesión al momento de extender dichos certificados.
A esto se sumaron supuestos cambios de domicilio no informados. En el escrito se señala que la magistrada habría solicitado meses antes el traslado escolar de su hijo a la Ciudad de Mendoza, en coincidencia con las certificaciones médicas presentadas a comienzos de año. Según la denuncia, esto permitiría presumir una premeditación en el cambio de residencia y una eventual intención de gestionar un traslado ante el Consejo de la Magistratura.
Durante el período en que Crisafulli desempeñó funciones de manera virtual —aproximadamente cinco meses— también se habrían recibido múltiples denuncias en la Delegación de San Rafael y en la Defensoría General por presuntas actuaciones profesionales que habrían perjudicado los intereses de sus defendidos.
En el pedido de sanción se argumenta que la situación se tornó “prácticamente insostenible” y que la funcionaria continuaba percibiendo su salario sin prestar servicios, acumulando 136 inasistencias injustificadas al 20 de agosto del corriente año. Esto, según la acusación, representaba “un verdadero menoscabo patrimonial para el Estado provincial”.
Con la renuncia presentada, el proceso disciplinario pierde vigencia en el ámbito del Jury, aunque la controversia deja expuestas fuertes tensiones dentro del Ministerio Público de la Defensa y cuestionamientos sobre los mecanismos de control interno.
