Diputados del PRO y La Libertad Avanza (LLA) presentaron este lunes un proyecto de ley que propone que los funcionarios de los tres poderes del Estado sean sometidos a pruebas de drogas. La iniciativa fue redactada por el diputado del PRO Gabriel Chumpitaz y cuenta con la firma de los legisladores de LLA Lorena Villaverde y Carlos Zapata, además de los macristas Verónica Razzini, Patricia Vázquez, Sergio Capozzi, Emanuel Bianchetti y José Núñez.

“La lucha contra el narcotráfico y el fortalecimiento del sistema de prevención de adicciones deben comenzar con el ejemplo de quienes escriben las leyes, quienes las aplican y quienes las hacen cumplir“, afirmó Chumpitaz. Agregó que esta iniciativa busca erradicar la doble moral en la función pública y reforzar la confianza ciudadana en las instituciones.

El proyecto establece que los exámenes toxicológicos serán obligatorios para funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional, del Poder Legislativo Nacional, del Poder Judicial de la Nación, directivos de organismos autárquicos y descentralizados, y de empresas del Estado.

Estos análisis deberán realizarse al asumir el cargo y anualmente, con controles aleatorios cada tres meses sobre una muestra representativa de funcionarios. Se buscará detectar cocaína y derivados, marihuana y derivados, opiáceos, anfetaminas y metanfetaminas, alucinógenos y drogas sintéticas. Solo se exceptuarán aquellas sustancias prescriptas por profesionales de la salud.

“Los análisis serán realizados por laboratorios certificados, bajo estrictos protocolos de seguridad y confidencialidad. El resultado será remitido a la Autoridad de Aplicación, quien garantizará su resguardo y solo podrá divulgarlo en caso de resultado positivo”, indica el proyecto.

Si un funcionario da positivo, podrá solicitar una contraprueba en un plazo de 48 horas. Si esta confirma el resultado, será suspendido preventivamente sin goce de haberes hasta la resolución definitiva de su situación.

En caso de que el resultado ratifique el consumo de estupefacientes, la continuidad del funcionario será evaluada por el Poder Ejecutivo y la Oficina Anticorrupción, que emitirá un informe al Presidente. En el Congreso, la Comisión de Asuntos Constitucionales de cada cámara podrá recomendar la destitución mediante mayoría simple, lo que podría derivar en juicio político o remoción, según corresponda.

En el Poder Judicial, si el involucrado es un magistrado, el caso será remitido al Consejo de la Magistratura, que podrá iniciar un proceso de remoción o sanción correspondiente.