El Gobierno de Mendoza oficializó una nueva tanda de sanciones disciplinarias contra empleados estatales, con 14 cesantías y otras medidas que alcanzaron a trabajadores de distintas reparticiones de la administración pública.

Las decisiones fueron formalizadas a través de decretos publicados este jueves en el Boletín Oficial. Además de las expulsiones, se dispusieron suspensiones de entre 5 y 60 días, no confirmaciones en cargos, bajas de contratos y resoluciones sobre recursos administrativos vinculados a expedientes disciplinarios.

Uno de los sectores con mayor cantidad de medidas fue el Ministerio de Seguridad y Justicia, donde se dispusieron seis cesantías, además de suspensiones y otras sanciones relacionadas con distintos procedimientos administrativos.

En el Ministerio de Salud, una médica fue cesanteada luego de que se determinara la presentación de un certificado médico falso para justificar una ausencia.

También hubo sanciones dentro de la Dirección General de Escuelas (DGE). Un celador de una escuela de San Carlos recibió la cesantía y una inhabilitación por cinco años para ocupar cargos públicos, luego de acumular inasistencias y tardanzas por encima de los límites permitidos entre 2019 y 2024.

La Dirección de Protección de Derechos, por su parte, dispuso otras tres cesantías relacionadas con faltas injustificadas registradas durante distintos períodos.

La Administración Tributaria Mendoza (ATM) también aplicó tres cesantías. En esos casos, los expedientes estuvieron vinculados con certificados médicos falsos presentados por agentes del organismo.

El paquete de medidas incluyó además actuaciones relacionadas con la tutela sindical, con instrucciones para avanzar judicialmente cuando los procedimientos administrativos así lo indiquen.

La seguidilla de sanciones se conoce mientras el Ejecutivo provincial impulsa cambios en el régimen disciplinario de los empleados estatales, con la intención de agilizar los procesos internos. El tema ya genera cuestionamientos por parte de los gremios estatales, particularmente ATE, que ha planteado reparos al nuevo esquema.

Los decretos publicados muestran, en concreto, un abanico de situaciones que van desde faltas reiteradas e incumplimientos laborales hasta casos en los que se detectaron irregularidades en documentación presentada para justificar ausencias.

En todos los casos, las medidas surgen de procedimientos administrativos disciplinarios y de las resoluciones adoptadas por las autoridades correspondientes.