El Estado argentino le envió una carta a la jueza federal de Nueva York Loretta Preska en la cual le solicita que suspenda su reciente fallo, mediante el cual insta a Argentina a entregar el 51% de las acciones de YPF a los dos fondos de inversión que demandaron al país por la expropiación de la compañía en 2012.

En la misiva enviada a la jueza, el gobierno de Javier Milei destaca que el gobierno estadounidense ha apoyado su postura y expone que la suspensión del fallo es “crucial“.

Además, en la carta enviada a Preska, el Estado le anticipó que presentará una apelación formal en los próximos días. En caso de no ser otorgada, acudirá a un tribunal superior para conseguirla.

Desde Casa Rosada no tienen intenciones de sentarse a negociar con los fondos beneficiarios del fallo hasta que no haya una definición definitiva en el plano judicial. La estrategia del Estado argentino es reducir el monto final de la sentencia -el cual asciende a US$ 16.000 millones-.

El Gobierno considera imposible de cumplir con la sentencia impuesta por la jueza Preska, y no contempla la alternativa de acatar el fallo mientras “sea solamente una decisión de primera instancia”.