Este jueves se conocerán los argumentos del tribunal por los que decidieron condenar a la Vicepresidenta a seis años de cárcel. Ya su defensa trabaja en el recurso de apelación que llevará a Casación Penal para evitar que se confirme la sentencia en esa instancia.
Los jueces del Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) darán a conocer el próximo jueves los fundamentos de la sentencia por corrupción a la vicepresidenta Cristina Kirchner y al resto de los condenados en el juicio conocido como Vialidad. A partir de ese momento se dará lugar a la etapa de apelaciones y el caso llegará a la Cámara de Casación Penal que deberá ratificar o modificar el fallo. En caso de confirmar la sentencia de primera instancia, la condena quedará firme.
Los magistrados Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso darán a conocer los detalles de la condena a seis años de cárcel para la Vicepresidenta y de inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. El kirchnerismo calificó la sentencia como una “proscripción” que tiene como objetivo impedir que compita en las próximas elecciones presidenciales, pese a que no existe ningún impedimento jurídico para que la titular del Senado se postule.
En línea con la visión de La Cámpora y en búsqueda de lograr su inocencia, la defensa de Cristina Fernández de Kirchner ya trabaja en la apelación de la condena, en un intento por dejarle en claro al tribunal que la condenó con pruebas indirectas, es decir, y que no lograron hallar documento o testimonio que certifique que la titular del Senado dio la orden de asignar las obras públicas viales a Lázaro Báez.
Presentación de pruebas y condena firme
Este jueves el TOF 2 comunicará las pruebas y testimonios en las que sentó las bases de la condena por corrupción contra Cristina Kirchner. El pasado 6 de diciembre de 2022, la ex jefe de Estado fue condenada a seis años de prisión por el Tribunal Oral Federal N°2, como responsable del delito de administración fraudulenta y se le suma una inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos. Por otra parte quedó al margen de la acusación por asociación ilícita.
El Tribunal explicó: “Tenemos la certeza de que, mediante la tramitación de cincuenta y un procesos de licitación pública para la construcción de obras viales sobre rutas nacionales y provinciales en la provincia de Santa Cruz, entre los años 2003 y 2015, tuvo lugar una extraordinaria maniobra fraudulenta que perjudicó los intereses pecuniarios de la administración pública nacional en los términos y condiciones establecidos por la ley penal”.
Además señalaron que hubo un “interés manifiesto sobre el plan criminal de la por entonces Presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner, evidenciado a través de su participación en los beneficios económicos producto del delito obtenidos por intermedio de múltiples vínculos contractuales y comerciales con Lázaro Antonio Báez en forma concomitante a la ejecución de esta maniobra”.
Fuente: Nexofin
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