En febrero de 2025, Faustino Díaz murió ahogado mientras asistía a una escuela de verano en el Marista Rugby Club, un hecho que generó un reclamo para revisar las condiciones en las que funcionan este tipo de espacios en Mendoza. A partir de esa situación, familiares y legisladores comenzaron a impulsar una normativa provincial que establezca criterios comunes para la prevención y el cuidado de los menores.
La propuesta busca que las escuelas de verano cuenten con medidas obligatorias de seguridad, personal capacitado y pautas específicas para la organización de las actividades. María José Crimi, madre de Faustino, acompañó el pedido y sostuvo que el objetivo es que las familias puedan dejar a sus hijos durante el verano con la certeza de que estarán bajo el cuidado de personas preparadas.
La senadora provincial Adriana Cano explicó que, después de lo ocurrido, se revisó el marco vigente para determinar qué requisitos se exigían a estos establecimientos. Según señaló, hasta entonces no existía una legislación provincial uniforme que estableciera requisitos mínimos para las escuelas de verano, sino que los espacios dependían principalmente de las habilitaciones municipales correspondientes a cada predio.
En este contexto, se difundió en Change.org la petición “Una ley puede salvar vidas. Firmá para que haya ley de Escuelas de Verano”, con la intención de reunir apoyo para la iniciativa. El proyecto plantea que el Estado provincial establezca condiciones comunes de funcionamiento y protección para niños, niñas y adolescentes que participan de estas actividades recreativas durante el verano.
