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Escándalo en la Justicia Federal: la acusación a un juez mendocino y el rol de una senadora K

Cuatro camaristas federal acusaron al juez Pablo Salinas, también del fuero federal, por machismo y violencia institucional. La denuncia fue archivada pero escala el conflicto.

Una denuncia por presuntas conductas machistas y violencia institucional dentro del Colegio de Jueces Federales de Cuyo volvió a generar controversia luego de que la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura decidiera desestimar el expediente que involucraba al juez federal mendocino Pablo Salinas.

La presentación había sido realizada en agosto de 2024 por las camaristas federales Gretel Diamante, Paula Marisi, María Carolina Pereira y Eliana Rattá Rivas, quienes denunciaron que durante una reunión del Colegio de Jueces Federales Salinas protagonizó episodios de machismo, violencia verbal, psicológica y gestual mientras se debatía el reglamento interno del organismo.

Según relataron las magistradas, el juez utilizó un tono de voz elevado, profirió gritos e imputaciones que consideraron falsas e injuriosas, además de desplegar actitudes que calificaron como “machistas” y “prepotentes”. En su presentación sostuvieron que la situación generó una profunda conmoción y que incluso omitieron otros detalles para preservar la institucionalidad del cuerpo.

La denuncia fue derivada a distintos organismos judiciales hasta llegar al Consejo de la Magistratura de la Nación, donde la semana pasada la Comisión de Disciplina resolvió archivar el caso. La postura mayoritaria consideró que el conflicto había sido superado debido al pedido de disculpas formulado por Salinas, la aprobación posterior del reglamento en discusión y el normal funcionamiento del Colegio desde entonces.

La iniciativa para cerrar el expediente fue impulsada por el consejero y juez Alberto Lugones. Entre quienes acompañaron esa posición se encontró la senadora nacional por Mendoza Anabel Fernández Sagasti, junto a otros integrantes del Consejo. En minoría quedaron la jueza Alejandra Provítola y el senador Luis Juez, quienes reclamaron la producción de pruebas testimoniales y que las denunciantes fueran escuchadas antes de adoptar una decisión definitiva.

Tras la desestimación, las cuatro magistradas solicitaron formalmente que el caso sea tratado por el plenario del Consejo de la Magistratura. En el escrito presentado esta semana sostuvieron que el pedido de disculpas del magistrado no invalida los hechos denunciados ni reduce su gravedad institucional.

El conflicto tuvo además un impacto concreto en el reglamento del Colegio de Jueces Federales de Cuyo. Finalmente se incorporaron cláusulas vinculadas a la perspectiva de género, entre ellas un esquema de conducción compartida entre una jueza y un juez, con alternancia anual en la presidencia y vicepresidencia, además de la obligatoriedad de contar con un secretario en cada reunión.

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Por: Redacción NDI