Un duro enfrentamiento político estalló en el Concejo Deliberante de Guaymallén, luego de que se denunciara que una familia de bajos recursos podría ser desalojada de un terreno que habría adquirido directamente a un concejal en ejercicio. El caso involucra a Miqueas Burgoa, edil del Movimiento Provincial Alfonsinista, acusado de haber recibido 80 mil pesos como parte de una operación de venta en condominio en el loteo Gente de Mendoza.
La denuncia fue expuesta por el concejal peronista José Pozzoli, quien sostuvo que la familia de Irma Reynaga Quispe, madre de varios niños y responsable del cuidado de un hermano con discapacidad, invirtió sus ahorros y préstamos en una pieza precaria para habitar. Sin embargo, hoy enfrentan la amenaza de desalojo porque el terreno figura a nombre de otro propietario. “¿Quién me devuelve el dinero que gasté?”, reclamó la mujer.
Pozzoli fue contundente al afirmar que existen recibos firmados por el propio Burgoa, y exigió la intervención de la Oficina Anticorrupción. “Vendieron un lote a una mujer humilde y hoy la quieren sacar. Este es un caso vergonzoso que no puede quedar sin investigar”, expresó.
Por su parte, Burgoa rechazó las acusaciones y respondió con críticas directas a su par peronista: “Pozzoli denuncia todo a viva voz pero no fundamenta nada. Si habla de corrupción, que vaya a la Fiscalía. Es un burro que no sabe cómo funcionan las asociaciones civiles ni la Dirección de Vivienda”. Además, recordó cuestionamientos pasados contra su rival político y desafió: “Si tiene pruebas, que vaya a tribunales”.
Lejos de retroceder, Pozzoli insistió en la última sesión del Concejo: “No soy yo el que lo dice, es la señora Quispe. Ella afirma que le pagó al concejal Burgoa, que él firmó los recibos, y ahora la desalojan. El expediente 14805 tiene toda la documentación”.
El conflicto, que comenzó como un cruce político, podría escalar al ámbito judicial. Pozzoli anticipó que impulsará una denuncia formal, mientras Burgoa sostiene que todo debe dirimirse en tribunales.
En el centro de esta disputa, una familia vulnerable permanece con la incertidumbre de perder el techo que construyó con esfuerzo, lo que suma un condimento social a un caso que ya genera repercusión política en Guaymallén.
