El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quedó en el centro de una nueva controversia política luego de que legisladores de la oposición presentaran un pedido de interpelación y eventual remoción en la Cámara de Diputados. Además, pidieron su detención por “apretar a un testigo”.
La iniciativa surge tras la difusión de gastos cercanos a los 245.000 dólares en refacciones en una propiedad vinculada al funcionario, un dato que reavivó cuestionamientos sobre su situación patrimonial y el origen de los fondos.
La diputada Marcela Pagano solicitó que el jefe de Gabinete sea detenido por presuntamente haber intentado tergiversar la declaración del arquitecto que refaccionó la casa del country.
Pedido formal en el Congreso
El planteo fue impulsado mediante un proyecto de resolución que busca que Adorni brinde explicaciones ante el Congreso. La interpelación se apoya en herramientas previstas por la Constitución Nacional y el reglamento de la Cámara baja, y podría derivar en un escenario de mayor tensión política.
En paralelo, sectores opositores también dejaron abierta la posibilidad de avanzar con un pedido de remoción, un mecanismo más extremo que requiere mayorías especiales para prosperar.
Las sospechas detrás de los gastos
El eje del reclamo está puesto en las refacciones realizadas en un inmueble del funcionario, cuyo monto en dólares generó sospechas sobre la trazabilidad del dinero utilizado.
Según trascendió, la polémica se intensificó a partir de declaraciones vinculadas al contratista de las obras, lo que reforzó los cuestionamientos y motivó la reacción parlamentaria.
Este episodio se suma a una serie de investigaciones y denuncias que ya venían rodeando a Adorni en las últimas semanas, relacionadas con su patrimonio y gastos personales.
Pedido de detención
Según publica el sitio Ámbito.com Pagano solicitó la detención de Adorni por supuestamente, “haber apretado a un testigo” previo a su declaración, en el marco de su denuncia por enriquecimiento ilícito.
La legisladora presentó la solicitud al juez Ariel Lijo, basada en la doctrina “Irurzun” por analogía agravada al funcionario en ejercicio. En ese sentido, lo acusa de haber contactado a un testigo clave, el contratista Matías Tabar, antes de que declarara bajo juramento.
La doctrina “Irurzun” es es un criterio judicial argentino que justifica la prisión preventiva de exfuncionarios o personas con poder si se presume que sus lazos funcionales o “relaciones residuales” pueden entorpecer la investigación penal.
Un frente político cada vez más complejo
El pedido de interpelación se da en un contexto de creciente presión sobre el jefe de Gabinete, quien ya había sido cuestionado recientemente en el Congreso por distintos temas, incluyendo viajes y movimientos financieros.
Si bien la oposición impulsa medidas más duras, como una eventual moción de censura, este tipo de iniciativas requiere mayorías legislativas difíciles de alcanzar, por lo que el escenario inmediato apunta a un nuevo round de explicaciones públicas.
En este marco, el caso vuelve a tensionar la relación entre el oficialismo y la oposición, y suma un nuevo capítulo a la agenda política nacional, con impacto directo en la figura de uno de los funcionarios más cercanos al presidente.
