El Senado dio sanción este viernes a la reforma de la Ley Penal Juvenil que reduce de 16 a 14 años la edad de imputabilidad. La iniciativa fue aprobada con 44 votos afirmativos y 27 en contra, en el marco de una sesión marcada por un fuerte debate.

De este modo, La Libertad Avanza sumó una nueva victoria parlamentaria durante el período de sesiones extraordinarias. En el cierre de la discusión, la titular del bloque oficialista en la Cámara alta, Patricia Bullrich, solicitó un minuto de silencio en homenaje a las víctimas de la inseguridad.

En Latinoamérica existen distintas edades a partir de las cuales las legislaciones permiten responsabilizar penalmente a menores por delitos.

Por ejemplo, en países como Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, Venezuela y la República Dominicana este umbral está establecido en 14 años, mientras que en Brasil, Ecuador, Costa Rica, El Salvador y Panamá se ubica en 12 años según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otros estudios sobre justicia juvenil en América Latina.

En todos ellos, el sistema aplicado para niños y adolescentes infractores se basa en la imposición de medidas socioeducativas que priorizan su reinserción social por sobre un enfoque punitivo tradicional.

Quienes respaldaron el cambio en Argentina sostuvieron que, en los últimos años, los hechos delictivos protagonizados por jóvenes de entre 12 y 15 años han aumentado, incluyendo una participación creciente en delitos graves.

Según el oficialismo, esta situación genera en la sociedad una sensación de “injusticia” e “impunidad”, que el Ministerio de Seguridad —actualmente liderado por Alejandra Monteoliva, y anteriormente bajo la conducción de la senadora libertaria Patricia Bullrich— buscaba enfrentar desde que asumió la gestión de Javier Milei.

Además, el proyecto oficial planteaba la necesidad de modernizar una norma que data de 1980, argumentando que se requiere un “marco legal actualizado” que se adapte a la realidad actual de la delincuencia juvenil.

También se advirtió desde La Libertad Avanza que algunas bandas recurren al uso de menores en actos delictivos porque saben que no pueden ser procesados penalmente, y que la reforma pretende frenar esa estrategia.

Un giro en la discusión parlamentaria

En los primeros borradores, el oficialismo había propuesto que la edad mínima de responsabilidad penal fuera 13 años, pero tras iniciar negociaciones con bloques dialoguistas, ese tope se elevó a 14 años para conseguir mayor apoyo político y asegurar los votos necesarios para la media sanción en la Cámara de Diputados. Con ese ajuste, el proyecto obtuvo el respaldo de aliados como el PRO y la UCR, que consideraron que 14 años representaba un equilibrio más compatible con la realidad regional.