La Cámara de Diputados de Mendoza convirtió en ley el proyecto que establece un nuevo Régimen Especial Penal Juvenil para adolescentes de entre 14 y 17 años acusados de cometer delitos. La iniciativa obtuvo 32 votos a favor, 10 en contra y una abstención, y busca adecuar la normativa provincial a la legislación nacional que establece la responsabilidad penal a partir de los 14 años.

El nuevo régimen modifica más de 100 artículos de la normativa vigente y establece un sistema diferenciado del régimen penal de adultos, con juzgados, tribunales, fiscalías y defensas especializadas. Además, contempla centros específicos para adolescentes y determina que la privación de libertad deberá utilizarse como último recurso, priorizando alternativas como la mediación, la conciliación, la reparación del daño, el monitoreo electrónico y otras medidas bajo supervisión.

Entre las principales modificaciones se encuentra la creación de la Unidad de Medidas Alternativas a la Privación de la Libertad, destinada a implementar programas comunitarios y acompañar a adolescentes que cumplen medidas judiciales sin estar detenidos. En los casos que sí requieran privación de libertad, los adolescentes no podrán ser alojados en cárceles comunes junto con adultos y deberán permanecer en establecimientos especializados, con separación entre las franjas de 14 a 16 y de 16 a 17 años. El sistema también incorpora educación obligatoria, formación profesional y proyectos individuales de reintegración social.

La norma establece además procedimientos específicos para las detenciones y los casos de flagrancia, con audiencias orales y plazos diferenciados. La identidad de los adolescentes involucrados quedará protegida, tanto si son imputados como víctimas o testigos, y no podrán difundirse nombres, fotografías, domicilios, datos familiares o escolares que permitan identificarlos. La reforma también prevé qué ocurrirá cuando una persona alcance los 18 años durante el proceso o el cumplimiento de una medida, y establece mecanismos para garantizar la continuidad de su reintegración social.