El Consulado de España en Córdoba comunicó recientemente sobre un inconveniente técnico en el sistema de asignación de citas para la Ley de Memoria Democrática (LMD), también conocida como “Ley de nietos”. Esta normativa permite a los bisnietos de españoles de origen solicitar la ciudadanía española sin esperar a que el progenitor nieto/a obtenga la nacionalidad previamente.

La falla técnica ha generado demoras significativas de varios meses y cambios en el proceso de trámite, afectando a los ciudadanos que buscan obtener la ciudadanía española a través de esta ley en las provincias de Córdoba, Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca y La Rioja.

El Consulado de España en Córdoba ha aclarado que el sistema de asignación de turnos es gestionado exclusivamente desde los servicios centrales de Madrid, lo que significa que la solución del problema está fuera de su competencia. No obstante, aseguran que los servicios informáticos del Ministerio de Asuntos Exteriores están trabajando intensivamente para resolver la situación lo más pronto posible.

Hasta que se solucione el inconveniente, el Consulado ha pedido paciencia a los ciudadanos y ha solicitado que eviten saturar su correo electrónico con preguntas sobre el tema.

Es importante recordar que la Ley de Memoria Democrática es una legislación española que reemplazó a la Ley de Memoria Histórica de 2007 y entró en vigor en octubre de 2022. A través de esta ley, los hijos y nietos de españoles que sufrieron exilio durante la Guerra Civil española, el franquismo o la transición, así como aquellos que son hijos de madres originariamente españolas que perdieron su nacionalidad por matrimonio con extranjeros antes de 1978, pueden obtener la nacionalidad española. También se aplican a aquellos hijos de nacionalizados españoles por Ley 52/2007 y a hijos de nacionalizados por la Ley de Memoria Democrática.

El Consulado General de España en Córdoba también informó que los plazos de resolución para la otorgación de la nacionalidad española son actualmente de entre 1 y 2 años una vez que el expediente haya sido completado, presentado y aceptado, tanto para los casos genéricos como para aquellos amparados por la Ley de Memoria Democrática.