Este martes la Cámara de Senadores convirtió en ley el proyecto enviado por el Gobierno, que regula el uso de cámaras de seguridad en lugares públicos, tanto abiertos como cerrados, con o sin asistencia de inteligencia artificial. De qué se trata.

“Esta iniciativa busca fortalecer la seguridad pública, asegurando la convivencia pacífica y contribuyendo a la prevención e investigación de delitos, todo mientras se protegen los derechos fundamentales de la ciudadanía”, aseguraron.

Esta sanción fue celebrada por la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, quien destacó el aporte a la prevención del delito.

¿De qué se trata el proyecto?

Establece que el uso de videocámaras debe ser proporcional y justificado, prohibiendo la captura de imágenes en propiedades privadas sin consentimiento expreso o autorización judicial. Las imágenes y datos obtenidos serán confidenciales, accesibles solo por autoridades competentes en causas judiciales o administrativas. Además, las grabaciones accidentales que violen la ley deben ser destruidas inmediatamente, salvo que estén relacionadas con un caso judicial.

Uno de los aspectos más innovadores del proyecto es la incorporación de cámaras privadas al sistema de vigilancia estatal, siempre que cumplan con estándares de compatibilidad y seguridad. Esto busca ampliar la capacidad operativa, mejorar la eficacia en la prevención del delito y permitir un mejor seguimiento de las trayectorias delictivas.

El proyecto adopta directrices de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, asegurando el respeto por la privacidad y la seguridad de la información. Se hace especial énfasis en garantizar el respeto por los derechos humanos fundamentales, como la privacidad y el honor, mientras se provee seguridad jurídica al sistema de videovigilancia.

El sistema de videovigilancia, que ya cuenta con aproximadamente 2170 cámaras, será actualizado para incluir nuevas tecnologías, como el reconocimiento automático de patentes y la inteligencia artificial, mejorando así la integración con la justicia. Actualmente, un porcentaje significativo de estas cámaras se utiliza para el reconocimiento de dominios en corredores interdepartamentales, lo que refuerza la colaboración entre diferentes jurisdicciones.

El proyecto también contempla la interoperabilidad de los sistemas municipales, requiriendo que informen a la autoridad competente sobre la colocación de videocámaras y aseguren su compatibilidad con los protocolos recomendados. Esto facilitará la colaboración entre distintas jurisdicciones y fortalecerá la seguridad pública mediante el uso de tecnología avanzada.

La medida pretende no solo disuadir el delito sino también crear un sistema preventivo inteligente que asegure la utilización pacífica de los espacios públicos. Se espera que esta legislación proporcione un marco claro para el uso de tecnología en la seguridad, permitiendo a su vez una integración más efectiva con las investigaciones judiciales y aportando evidencia crucial en las causas legales.