El fuerte impacto social por el crimen de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, reactivó de forma urgente las discusiones en los despachos oficiales. Ante la conmoción nacional, el Poder Ejecutivo busca acelerar el envío al Congreso de la reforma del Código Penal, un proyecto que venía demorado por discrepancias políticas y de redacción interna, pero que ahora se transformó en una prioridad de agenda para la Casa Rosada.
“Necesitamos tomar medidas y movernos rápido”, admiten fuentes oficiales. Aunque desde Balcarce 50 intentan presentar la iniciativa como parte de una planificación que ya estaba en marcha, reconocen por lo bajo que el caso aceleró de forma drástica las conversaciones políticas que se encontraban paralizadas.
Por el asesinato de la menor, la Justicia cordobesa agravó la imputación contra Claudio Barrelier a la figura de femicidio, un delito que contempla la pena de prisión perpetua.
El principal freno del proyecto radica en la letra chica y la extensión del texto. Desde el entorno del asesor presidencial Santiago Caputo señalan que la reforma permanece “trabada” en el Ministerio de Justicia. Por su parte, los equipos liderados por el ministro Juan Bautista Mahiques responden que se encuentran en la fase de definiciones técnicas y prometen que la propuesta legislativa verá la luz en el corto plazo.
La Secretaría Legal y Técnica, conducida por María Ibarzabal, ya revisó y rebotó el borrador en varias oportunidades debido a diferencias de criterio. En el oficialismo conviven dos posturas:
- Sector maximalista: Sostiene que el Ministerio de Justicia recortó y demoró una reforma penal integral que ya estaba lista para ser enviada.
- Sector de Mahiques: Rechaza las críticas y argumenta que es necesario enviar un proyecto más acotado, técnicamente prolijo y con mayor viabilidad de aprobación parlamentaria para evitar que naufrague en el Congreso.
Originalmente, durante la gestión de Mariano Cúneo Libarona, se había estructurado un megacódigo de más de 900 artículos que buscaba unificar el texto vigente (sancionado en 1921) con leyes especiales, abarcando desde narcotráfico y delitos ambientales hasta regulaciones sobre inteligencia artificial.
Para evitar un debate empantanado en el Congreso que obligue al Gobierno a defender temáticas tan diversas como la economía, la corrupción o los derechos civiles, la gestión actual optó por una estrategia por etapas. La primera tanda de reformas incluirá únicamente los capítulos de mayor consenso social y legislativo:
- Delitos contra la integridad física y sexual: Abuso infantil, grooming, violación e imprescriptibilidad de abusos graves.
- Modalidades delictivas urbanas: Motochorros, entraderas, salideras, viudas negras y picadas ilegales.
- Nuevas tecnologías y crimen: Estafas piramidales y criminalidad informática organizada.
En este rediseño enfocado en la “centralidad de las víctimas”, la Casa Rosada decidió dejar afuera de la discusión dos focos de alta sensibilidad que podrían bloquear el tratamiento legislativo:
- Femicidio: Aunque en reiteradas ocasiones el oficialismo deslizó la intención de revisar este agravante bajo la premisa de la “igualdad ante la ley”, la figura no se tocará. El contexto actual por el crimen en Córdoba volvió inviable políticamente abrir ese debate.
- Aborto: A pesar de que los sectores más duros del espacio presionaron en distintos momentos para derogar la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), el Gobierno descartó incluirlo. Esta decisión de no reabrir debates ajenos a la prioridad inmediata reforzó la idea de reformar el código actual en lugar de redactar uno completamente nuevo.
A pesar de que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, había anunciado oficialmente la confección de este paquete penal enfocado en el endurecimiento de penas, la falta de precisiones avivó los reproches cruzados.
En los pasillos de la Casa Rosada, algunos sectores atribuyen la parálisis a “egos personales” y apuntan directamente a la pulseada por el control del área judicial entre los equipos que responden a Santiago Caputo y los sectores que se alinean bajo la influencia de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
