La controversia en torno a los créditos del Banco Nación que tomaron varios funcionarios oficialistas sigue. En medio de las críticas recibidas, dos hombres de importancia en la estructura del ministro de Economía, Luis Caputo, se defendieron y negaron que hayan tenido privilegios por sobre otros clientes.
Los dos hombres en cuestión son Federico Furiase, secretario de Finanzas, y Felipe Núñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), quienes afirmaron que no existieron irregularidades en los préstamos obtenidos.
“Fuimos como cualquier hijo de vecino a sacar un crédito a la misma tasa y plazo que puede sacar todo el mundo”, afirmó Núñez, quien explicó que eligieron el Banco Nación porque la entidad ofrece “la tasa más competitiva del mercado”. En esa línea, remarcó que no hubo beneficios adicionales y sostuvo: “No hicimos nada ilegal ni inmoral”.
Por su parte, Furiase aclaró que el crédito que tomó fue destinado a una segunda vivienda y que incluso accedió a una tasa más alta. Además, desmintió versiones sobre la posesión de una tercera propiedad y explicó que se trata de un derecho de usufructo familiar.
En ese marco, los dos funcionarios dijeron que las operaciones se enmarcan en una “reactivación del crédito hipotecario”, hecho que vincularon a la desaceleración de la inflación y a la baja de tasas desde mediados de 2024. “Es el mecanismo que utilizan los países normales”, sostuvo Furiase, al defender el financiamiento a largo plazo.
En paralelo, y en el marco de la investigación judicial que se inició a partir de los préstamos obtenidos por varios funcionarios del oficialismo, el Banco Nación le entregó a la Justicia la documentación pertinente que respalda las distintas operaciones. Desde la entidad indicaron que las auditorías internas no detectaron irregularidades y que los créditos fueron otorgados bajo criterios objetivos. Los informes fueron remitidos al juez Ariel Lijo y al fiscal Gerardo Pollicita.
La polémica por los créditos a funcionarios
De acuerdo a lo trascendido, se trata principalmente de créditos hipotecarios con condiciones favorables destinadas a empleados del sector público, con tasas cercanas al 6% anual y financiamiento de hasta el 90% del valor de la propiedad. En ese sentido, si bien se trata de líneas crediticias abiertas a trabajadores estatales, la concentración de montos elevados en funcionarios en actividad generó fuertes cuestionamientos del arco político.
Un dato que llamó particularmente la atención marca que los créditos con montos más elevados fueron destinados a integrantes del área económica.
En ese marco, desde el Banco Nación aclararon que se trata de un sistema estandarizado, sin beneficios discrecionales, y remarcaron que estas líneas fueron utilizadas por miles de personas y no exclusivamente por funcionarios.
Quiénes quedaron señalados y qué préstamos recibieron
De momento, el relevamiento arrojó que al menos nueve personas vinculadas al oficialismo recibieron créditos del Banco Nación:
- Pedro Inchauspe (director del Banco Central): préstamo cercano a los $510 millones.
- Federico Furiase (secretario de Finanzas): crédito por alrededor de $367 millones.
- Felipe Núñez (asesor del Ministerio de Economía): entre $370 y $475 millones.
- Emiliano Mongilardi (director de YPF): financiamiento cercano a los $300 millones.
- Juan Pablo Carreira (equipo de comunicación presidencial): crédito por unos $112 millones.
- Alejandro Bongiovanni (diputado nacional): monto estimado entre $230 y $340 millones.
- Mariano Campero (diputado nacional): entre $230 y $340 millones.
- Lorena Villaverde (diputada nacional): entre $230 y $340 millones.
- Santiago Santurio (diputado nacional): entre $230 y $340 millones.
Cabe destacar que en el caso de los legisladores, los montos no siempre aparecen detallados de manera individual, pero publicaciones de distintos medios los sitúan en un rango de entre 230 y 340 millones de pesos.
Críticas del arco político
Una vez que trascendieron estos datos, las críticas de la oposición no se hicieron esperar. Si bien no se cuestiona la legalidad de los créditos, sí se puso el foco en las condiciones de acceso y en la cantidad de funcionarios en ejercicio que accedieron a dichos préstamos.
