Se desarrollará a través del Instituto Universitario de Seguridad Pública (IUSP) como unidad académica de la UNCuyo.
El Ministerio de Seguridad comenzará el viernes próximo la Diplomatura en Perspectiva de Género en Seguridad y Justicia. La iniciativa, que tiene una formación de posgrado, será a través del Instituto Universitario de Seguridad Pública (IUSP) como unidad académica de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo).
El cursado será semipresencial, por la pandemia de COVID-19, con modalidad virtual y tendrá una duración de 5 meses.
Las directoras a cargo son Paula Vetrugno, abogada y diplomada en Género e Igualdad (Universidad Champagnat, UCH) y Emiliana Lilloy, abogada, posgrado en políticas públicas de Género y Diversidad (Universidad Autónoma de Barcelona, UAB) y lo coordinará la licenciada Sandra Flores.
Estará dirigida a técnicos/as y licenciados/as en seguridad egresados de IUSP, alumnado del instituto en los niveles superiores de su formación, funcionarios/as y empleadas/os de las policías, licenciados/as, técnicos/as y profesionales de las ciencias de seguridad, jurídicas y sociales, agentes del Ministerio Público Fiscal y del Poder Judicial, tanto de la Provincia como de la Nación, y profesionales en general interesadas/os en sumarse a la propuesta de trabajo multidisciplinario.
Para más información y realizar la preinscripción, se debe acceder a https://forms.gle/jm1RHWaPJPMwUdGs9.
Por otro lado, se tratarán temas referentes a la detección, abordaje e investigación de los delitos que implican violencia de género, proponiendo una formación profunda de las fuerzas de seguridad y los/as operadores judiciales que intervienen desde la comisión, el contacto de la víctima de este tipo de violencia, la investigación y juzgamiento definitivo.
La diplomatura está enmarcada en los objetivos 2030 de ONU, en especial el N°5, relativo a la equidad de género y a la eliminación de la violencia contra las mujeres, las convenciones internacionales ratificadas por el gobiernos Argentino (CEDAW y la Convención de Belém do Pará), la Ley 26485 (Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales) y nuestros códigos penales y procesales, que recogen estos mandatos constitucionales.
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