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El trabajo “en negro” no para de crecer: 4 de cada 10 trabajadores mendocinos están fuera del sistema

La informalidad laboral afecta al 39,6% de los trabajadores en Mendoza y se alinea con la media nacional. El fenómeno crece desde 2015.

Casi la mitad de los trabajadores argentinos está en la informalidad, según el último informe de Argendata, una plataforma de datos de FUNDAR. En Mendoza, el 39,6% de los ocupados no tiene aportes previsionales, cobertura médica ni derechos laborales garantizados, lo que refleja un problema estructural que se extiende en todo el país.

El estudio, encabezado por el investigador Daniel Schteingar, revela que más de 8,8 millones de personas trabajan actualmente sin estar registradas formalmente. De ese total, 5,5 millones son asalariados sin aportes y 3,3 millones son cuentapropistas o empleadores no registrados.

La informalidad impacta con mayor fuerza en ciertos sectores económicos, como el agro, la construcción, la gastronomía y el servicio doméstico, donde más del 60% de los trabajadores están fuera del sistema formal. Por el contrario, rubros como petróleo, minería, finanzas o servicios profesionales muestran tasas de informalidad por debajo del 15%.

En Mendoza, la situación es un espejo del promedio nacional. La provincia no está entre las más críticas, como Salta, Santiago del Estero o Tucumán, donde la informalidad asalariada supera el 50%, pero tampoco logra alcanzar los niveles más bajos que exhiben las provincias patagónicas o la Ciudad de Buenos Aires.

El fenómeno viene en ascenso desde 2015, tras una década de avance del empleo formal entre 2003 y 2011. Según el informe, una combinación de estancamiento económico, baja inversión privada, y presión tributaria sobre el empleo registrado alimenta la precarización laboral. Además, el crecimiento del empleo público actúa como contención, pero no como solución estructural.

En el plano regional, Argentina queda mal posicionada: su tasa del 36% la ubica por encima de países como Uruguay (9,6%) o Chile (14,8%), lo que evidencia una debilidad crónica del mercado laboral nacional para ofrecer trabajo formal, estable y con derechos.

Combatir la informalidad exige políticas sostenidas, incentivos a la registración y una reforma integral del sistema laboral que contemple la realidad de millones de trabajadores que hoy viven en la incertidumbre.

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