El Senado de Mendoza dio media sanción a un proyecto de ley que busca incorporar un nuevo sistema para denunciar infracciones contra el medio ambiente mediante el uso de fotos y videos georreferenciados aportados por ciudadanos. La iniciativa, que fue apoyada de manera unánime, ahora deberá ser debatida por la Cámara de Diputados.
Cabe resaltar que la norma fue impulsada por legisladores radicales, aunque contó con el apoyo de los distintos bloques opositores, hecho que se reflejó en la votación.
Tras la aprobación, la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, destacó que el proyecto incorpora “las denuncias ambientales georreferenciadas como una nueva herramienta para fortalecer el control y la fiscalización en Mendoza“. Según explicó, la iniciativa busca “reforzar herramientas para que la sociedad pueda participar de los procesos de fiscalización a través de una plataforma oficial, agilizando la detección ante infracciones y mejorando la capacidad de respuesta del Estado, siempre con las garantías del debido proceso“.
Por unanimidad, el Senado dio media sanción al proyecto de ley que incorpora las denuncias ambientales georreferenciadas como una nueva herramienta para fortalecer el control y la fiscalización en Mendoza👇 https://t.co/bRkDrXXuzK pic.twitter.com/IhFOBfAZvg
— Jimena Latorre (@JimehLatorre) July 28, 2026
Por su parte, la senadora radical Yamel Ases, una de las impulsoras de la propuesta, celebró la media sanción de la iniciativa que busca brindar “respaldo legal a los registros audiovisuales realizados por la ciudadanía para acreditar posibles infracciones ambientales“.
Qué propone el proyecto
La iniciativa crea un marco jurídico para el “reconocimiento, preservación y tratamiento administrativo de registros audiovisuales aportados por la ciudadanía“ destinados a la fiscalización y el control de presuntas infracciones ambientales. Según establece el artículo 1, el objetivo es incorporar una herramienta que permita fortalecer las tareas de control mediante evidencia digital aportada por los ciudadanos, bajo reglas específicas que garanticen su autenticidad e integridad.
Así, el texto de la norma prevé que cualquier persona pueda comunicar una presunta infracción ambiental a través de una plataforma oficial que deberá implementar el Ejecutivo provincial a través del Ministerio de Energía y Ambiente, la autoridad de aplicación designada por la norma. Para ello, el usuario deberá validar previamente su identidad y el registro audiovisual tendrá que ser generado exclusivamente desde esa aplicación, además de identificar el tipo de presunta infracción que se pretende informar.
Cómo se garantizará la autenticidad de las imágenes
Uno de los aspectos más novedosos de la iniciativa es la incorporación de mecanismos destinados a preservar la autenticidad de la evidencia digital. El texto contempla la utilización de georreferenciación, sello de tiempo, metadatos de preservación, un código de verificación y una cadena de custodia digital para asegurar que las fotografías y videos no hayan sido alterados desde el momento de su captura.
Además, la propuesta también incorpora una definición de “contenido adulterado”, incluyendo expresamente el material generado o modificado mediante inteligencia artificial. En esos casos, dispone que los registros sean rechazados y, de corresponder, remitidos a la autoridad competente.
Qué valor tendrán las fotos y videos
Más allá del respaldo legal que propone la iniciativa, el proyecto aclara expresamente que los registros audiovisuales aportados por la ciudadanía no reemplazarán el procedimiento administrativo previsto por la legislación vigente ni implicarán sanciones automáticas.
El texto establece que las fotografías y videos “podrán ser considerados como elemento de sustento” dentro de una actuación administrativa, pero aclara que “por sí solos no determinan la existencia de la infracción”. Es decir, el material aportado por los ciudadanos podrá servir como punto de partida para una investigación, aunque no bastará por sí mismo para acreditar una falta ambiental.
Si el ministerio de Energía y Ambiente considera que existen elementos suficientes para avanzar, deberá seguir el procedimiento previsto por la normativa vigente. Durante ese proceso, el presunto infractor conservará el derecho a presentar descargos, ofrecer pruebas y ejercer su defensa antes de que la autoridad dicte una resolución fundada.
