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El plan fiscal de Cornejo para financiar viviendas del IPV

El Gobierno provincial propone securitizar cartera de préstamos del IPV para obtener fondos destinados a proyectos de vivienda. La iniciativa forma parte del paquete fiscal presentado por Alfredo Cornejo en la Legislatura, buscando mejorar la posición financiera del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV).

La propuesta de reforma fiscal presentada por Alfredo Cornejo en la Legislatura provincial incluye una medida clave: autorizar al Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) a disponer de sus carteras de créditos mediante securitización. Esta iniciativa busca obtener fondos para financiar proyectos de vivienda, con la expectativa de recaudar alrededor de $10.000 millones a través de la venta de estos créditos a empresas de seguros o fondos de inversión.

El ministro Víctor Fayad ha aclarado algunos detalles de esta propuesta, destacando que la gestión eficiente de activos estatales es fundamental para acelerar el plan de obras del IPV. Actualmente, el plan de obras del Instituto es uno de los más importantes en ejecución en la provincia, pero se enfrenta a la limitación de activos intocables, como préstamos e hipotecas, y una gran necesidad de financiamiento.

La estrategia del Gobierno se centra en convertir activos no líquidos, como los préstamos hipotecarios, en fondos líquidos para impulsar el plan de viviendas. Según Fayad, cada peso obtenido de esta securitización se reinvertirá en acelerar el plan de obras del IPV.

Aunque aún no se han iniciado conversaciones con posibles inversionistas, Fayad señaló que empresas de seguros y Fondos Comunes de Inversión suelen adquirir este tipo de activos. Destacó también que el sector inmobiliario privado ha tenido éxito con esta herramienta, lo que sugiere que podría ser beneficioso para el Estado replicar estas prácticas.

El proyecto de ley propuesto regula el manejo eficiente de los activos del IPV, otorgando facultades para disponer de carteras de créditos y cederlas para mejorar la posición de liquidez. Se prevé que estas operaciones de titulización se realicen a través de Mendoza Fiduciaria S.A. u otros fiduciarios autorizados por la Comisión Nacional de Valores.

La propuesta también establece la obligación del Poder Ejecutivo Provincial de informar a la Legislatura en un plazo de 30 días sobre los detalles de estas operaciones.

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