La diputada provincial y candidata a legisladora nacional del PD, Mercedes Llano, presentó un pedido de informes para que el ministro de Gobierno, Víctor Ibañez, brinde detalles sobre el acuerdo firmado entre la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y la empresa Azufre S.A. “respecto a los actos que se dictaron a través del Decreto 2.138 específicamente en lo referido a la reserva de daños y perjuicios que figura en el mismo”.

En concreto, la legisladora apunta a conocer la letra chica del convenio rubricado por Guillermo Rivaben, CEO de El Azufre, y Eduardo Albanese, presidente de AABE, mediante el cual la empresa reconoció la plena y única competencia administrativa sobre el espacio de parte del Gobierno nacional, y accedió a desocupar las laderas de los cerros y todo el inmueble el 31 de marzo de 2024.

El tema es que ese convenio abre la posibilidad a que la AABE pueda realizar acciones legales contra la provincia de Mendoza, teniendo en cuenta que la administración de Rodolfo Suarez, -a través del decreto 2.138- entregó a la empresa 12.000 hectáreas de tierras fiscales con la finalidad de instalar allí un centro invernal de alto poder adquisitivo, ya que solo se puede llegar a sus pistas de esquí en helicóptero.

Es por eso que Llano entre sus fundamentos señala: “Según citas periodísticas, en dicho acuerdo la AABE deja constancia de que no renuncia a hacer un reclamo contra la Provincia de Mendoza por la cesión irregular de los terrenos. Por esta razón, vemos necesario solicitar información al Ministerio de Gobierno con el objeto de conocer cómo repercute este acuerdo respecto a los actos que se dictaron a través del Decreto 2.138”.

Además, agrega: “El principal punto que concita nuestra atención es conocer si los daños y perjuicios que alegará el estado nacional serán afrontados con el dinero de los funcionarios actuantes o el dinero proveniente del erario público”.

El proyecto de la diputada demócrata ingresó a la Cámara de Diputados el jueves 30 de agosto.

El acuerdo

La empresa aceptó restituir los sectores en litigio, a la vez que abonará un canon de alquiler hasta la fecha de desocupación.

En el documento se fijaron pautas para la desocupación con penalidades para eventuales incumplimientos de las obligaciones, a la vez que se desestimó la competencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.