El padre de Alan Villouta, fallecido en 2017 tras ser atropellado y abandonado, se reunirá con autoridades del ministerio de Seguridad y Justicia y abogados del Ejecutivo para avanzar en la apelación contra el sobreseimiento de Alejandro Verdenelli, quien había sido condenado por el siniestro vial.
El encuentro se produce luego de una resolución que generó un fuerte rechazo de la familia y que volvió a poner bajo la lupa el extenso recorrido judicial de la causa. Verdenelli había recibido una condena que nunca quedó firme y permaneció durante años a la espera de que la Suprema Corte de Justicia resolviera los recursos presentados.
Ahora, el Ejecutivo decidió intervenir judicialmente y, en paralelo, busca utilizar el caso como uno de los argumentos para impulsar cambios en los plazos que tienen los jueces para resolver determinadas causas penales.
En paralelo, Verdenelli acudió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación con un recurso de queja contra la condena por homicidio imprudente que había caído en su contra.
La apelación contra el sobreseimiento de Verdenelli
La reunión prevista para este martes tendrá como eje los aspectos técnicos de la apelación que prepara el Gobierno para intentar revertir el sobreseimiento.
Para la familia Villouta, se trata de un nuevo capítulo de un reclamo que comenzó hace casi una década y que volvió a cobrar fuerza con el sobreseimiento de Verdenelli. El punto que quedó en el centro de la discusión es el tiempo que transcurrió mientras la causa permanecía pendiente de una resolución definitiva. La condena contra el empresario no había quedado firme porque los recursos continuaron su recorrido judicial.
En ese tiempo, la Suprema Corte debía resolver esa situación, pero la demora se extendió durante años. Cuando finalmente debía definirse el escenario procesal, se habían generado las condiciones para que la causa terminara con el sobreseimiento.
El Gobierno ahora busca revertir esa situación mediante la vía judicial y, al mismo tiempo, avanzar con modificaciones que eviten que casos similares vuelvan a quedar atrapados durante años en distintas instancias.
La reforma que prepara Cornejo
El caso Villouta también quedó vinculado con una reforma judicial que impulsa el gobernador Alfredo Cornejo. La iniciativa será presentada por el diputado radical Franco Ambrosini y apunta a establecer plazos obligatorios para que los magistrados resuelvan determinados recursos penales.
El diagnóstico del Ejecutivo distingue entre las causas en las que hay personas detenidas y aquellas en las que el condenado permanece en libertad mientras espera que una sentencia quede firme.
En el primer caso ya existen plazos establecidos. El problema, según plantea el oficialismo, aparece cuando el condenado está en libertad: la ausencia de un límite efectivo permitiría que determinados expedientes permanezcan durante años sin una resolución definitiva.
En ese escenario, la propuesta apunta a establecer plazos improrrogables para que la Suprema Corte resuelva recursos de casación en materia penal, incluso cuando el condenado no se encuentre detenido.
Un detalle fundamental que plantea la iniciativa marca que el incumplimiento de esos plazos podría generar consecuencias para los magistrados responsables.
Cambios en el Código Procesal Penal
El proyecto también contempla modificaciones al Código Procesal Penal y a la Ley Orgánica de Tribunales. La intención es limitar las maniobras procesales que pueden extender innecesariamente los expedientes y reducir las demoras vinculadas con notificaciones y recursos.
Otro de los objetivos planteados por el Ejecutivo es evitar que una persona acusada termine beneficiada con un sobreseimiento como consecuencia de una demora atribuible al funcionamiento de la Justicia o de un error administrativo en una notificación.
