En un período donde la tecnología se volvió protagonista del día a día, un grupo de familias del colegio San Nicolás, en Mendoza, decidió poner un freno y avanzar con el llamado Pacto Parental, una iniciativa que propone retrasar la entrega del primer celular propio al menos hasta los 13 años y postergar el acceso a redes sociales hasta los 16. El acuerdo surge luego de que la institución prohibiera el uso de teléfonos en menores, despertando un debate que ya atraviesa hogares de toda la provincia.

Los impulsores del movimiento describen el Pacto Parental como “un compromiso colectivo para devolverles a nuestros hijos tiempo libre de pantallas”, en un contexto donde la hiperconexión avanza más rápido que la capacidad de los padres para regularla. El documento, que puede descargarse desde la web oficial, plantea que la crisis actual no se resume a los dispositivos, sino a la “invasión” tecnológica que altera la dinámica familiar y exige mayor presencia adulta.

El texto destaca que la infancia y la adolescencia son etapas que requieren acompañamiento cercano y límites firmes. Y advierte que la exposición temprana a celulares y redes sociales afecta el sueño, la concentración, la autoestima y la salud emocional de los chicos, además de ponerlos frente a presiones y riesgos para los que aún no están preparados.

Entre los fundamentos, el Pacto remarca los beneficios de una niñez menos dependiente de pantallas: más juego, movimiento, creatividad, diálogo y tiempo real con familia y amigos, experiencias que consideran irremplazables por cualquier dispositivo. A la vez, reconoce que sostener límites de manera individual resulta difícil frente a la presión social, por lo que las familias eligen hacerlo en comunidad.

El compromiso central es claro: retrasar el primer celular propio hasta los 13 años, evitando la exposición prematura a notificaciones constantes, sobreestimulación y contenidos que los chicos no pueden procesar solos. Este proceso debe acompañarse con presencia adulta activa, actividades compartidas, límites sostenidos y, si fuera necesario, la retirada de celulares que ya tengan los niños.

A esto se suma un segundo compromiso: no permitir acceso a redes sociales antes de los 16 años, siguiendo recomendaciones internacionales y la medida adoptada recientemente por Australia. Los padres aseguran que buscan evitar que los chicos ingresen a plataformas que los exponen a situaciones para las que no cuentan con herramientas emocionales suficientes. El acuerdo también incluye diálogo permanente y educación sobre el uso responsable de la tecnología.

La licenciada en Psicología Micaela Vera destaca que “no hay una edad única” para entregar un celular, pero sostiene que “mientras más se pueda retrasar, mejor”. Para ella, la clave no es tanto la compra del dispositivo sino cómo se regula su uso: establecer reglas claras, supervisar su funcionamiento y garantizar que la gestión del celular sea siempre responsabilidad del adulto.