La Casa Rosada trabaja en una nueva batería de proyectos legislativos con la intención de recuperar centralidad política y acelerar reformas vinculadas a inversiones, regulación económica y consumo. Entre las iniciativas que el Gobierno Nacional planea enviar al Congreso aparece el denominado “Súper RIGI”, una versión ampliada del actual régimen para grandes inversiones.
La propuesta busca generar condiciones más atractivas para sectores estratégicos como minería, energía, tecnología e industrialización de recursos naturales, en un momento donde el Ejecutivo intenta consolidar señales de apertura económica y previsibilidad para capitales extranjeros.
Beneficios fiscales y nuevos incentivos
La iniciativa que impulsa el Gobierno contempla una profundización de los beneficios ya incluidos en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones aprobado con la Ley Bases.
Entre las medidas que analiza el oficialismo se encuentran una baja del Impuesto a las Ganancias para proyectos estratégicos, eliminación de retenciones para determinadas exportaciones y facilidades aduaneras para importar maquinaria e insumos.
También se estudian mecanismos de amortización acelerada y nuevas condiciones tributarias para provincias y municipios que adhieran al esquema.
Desde el entorno del presidente Javier Milei sostienen que el objetivo es atraer proyectos de largo plazo vinculados a energía, minería, centros tecnológicos y desarrollo industrial exportador.
En lo que queda de la jornada estaremos enviando al Congreso de la Nación los siguientes proyectos de ley:
— Manuel Adorni (@madorni) May 22, 2026
– Ley de Ludopatía
– Super RIGI
– Ley de Lobby
– Etiquetado Frontal
Dios bendiga a la República Argentina.
Fin.
Los otros proyectos que prepara el Gobierno
El paquete legislativo que analiza el oficialismo también incluye iniciativas sobre ludopatía online, regulación del lobby y posibles modificaciones vinculadas a la ley de etiquetado frontal.
En el caso de las apuestas digitales, el foco está puesto sobre el crecimiento del juego online entre jóvenes y menores de edad, una preocupación que comenzó a instalarse con fuerza en distintas provincias.
Respecto del etiquetado frontal, el Gobierno analiza cambios sobre una normativa que desde su implementación generó fuertes cuestionamientos por parte de empresas alimenticias y sectores industriales.
La estrategia oficial apunta a instalar una agenda legislativa amplia antes de que el clima electoral comience a dominar la discusión política nacional.
