El gobierno de Javier Milei ha anunciado importantes cambios en el Plan Acompañar, un programa destinado a brindar apoyo económico a mujeres y personas LGBTIQ+ que sufren violencia de género. A partir de ahora, los beneficiarios deberán acreditar su situación mediante una denuncia judicial o policial y podrán recibir la ayuda durante tres meses consecutivos, en lugar de los seis meses establecidos anteriormente. El monto de la asistencia se mantiene en un salario mínimo, actualmente fijado en $262.432,93.

A través del decreto 755/2024, publicado en el Boletín Oficial, la administración notificó las modificaciones en el acceso a este programa, que fue creado por el extinto Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. El acceso al plan ahora exige un informe social de un dispositivo de atención oficial de violencia local, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, además de la denuncia formal de la situación de violencia.

El Plan Acompañar, que originalmente se diseñó para promover la autonomía de las personas en riesgo por violencia de género, también es compatible con la Asignación Universal por Hijo y Embarazo. Sin embargo, las prestaciones económicas sufrirán un recorte, limitándose a tres meses consecutivos, y serán “no reintegrables, de carácter personal, no renovables y no contributivas”.

El decreto lleva la firma del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y del jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Fuentes del Ministerio de Justicia justificaron los cambios alegando irregularidades en la gestión anterior, afirmando que los subsidios se entregaban de manera discrecional y con fines políticos.

A pesar de la auditoría en curso para revisar y ordenar la entrega de estos subsidios, no se han anunciado medidas paliativas para las víctimas que denuncian y no cuentan con independencia económica, lo que ha generado preocupación entre organizaciones de derechos humanos y colectivos feministas.