La llamada Cláusula “C” fue incorporada al acuerdo paritario de Menoza con el sector judicial en 2013 con el objetivo de analizar, al cierre de cada año, la diferencia entre los salarios de magistrados, funcionarios y empleados judiciales. El mecanismo contemplaba que esa brecha fuera evaluada en el ámbito paritario y que, de corresponder, las diferencias fueran abordadas durante el primer trimestre del año siguiente. Con el paso de los años, el cumplimiento de esa pauta generó una disputa por las diferencias salariales acumuladas.

Un reclamo fue presentado por 32 integrantes del Poder Judicial nucleados en la Asociación de Funcionarios Judiciales, quienes solicitaron al Gobierno provincial que reconociera y abonara las diferencias que, según plantearon, se habían generado por el incumplimiento de la cláusula, además de los intereses correspondientes. La controversia llegó a la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, que analizó el alcance del acuerdo y estableció que la cláusula no implica un reajuste salarial automático, sino que su tratamiento debe darse dentro de la negociación colectiva.

A partir de ese antecedente, la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Gobierno consideró que no correspondía reconocer administrativamente el pago retroactivo reclamado, criterio que quedó plasmado en el Decreto N.º 1951 firmado por el Ejecutivo provincial. El Gobierno sostuvo además que el pronunciamiento de la Suprema Corte quedó firme luego de que fuera rechazado el recurso extraordinario federal que buscaba llevar la discusión ante la Corte Suprema de la Nación.

En el expediente también se señaló que el reclamo presentado no podía prosperar por cuestiones vinculadas con la prescripción y la legitimación para exigir los efectos de la sentencia. De esta manera, el Ejecutivo provincial cerró la vía administrativa para el pedido de los 32 funcionarios, en una disputa salarial que se mantiene vinculada a una cláusula acordada hace más de diez años.