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Boletín Oficial

El Gobierno oficializó el protocolo para aprobar proyectos de cannabis medicinal

La medida busca estandarizar los procesos de evaluación, registro y control fiscal en todo el territorio provincial.

En un avance clave para la aplicación de la Ley Provincial 9.617, el Gobierno formalizó el esquema técnico y administrativo que regirá sobre todos los proyectos científicos, tecnológicos y productivos enfocados en cannabis medicinal y cáñamo industrial.

La medida, oficializada mediante la Resolución 428, busca estandarizar los procesos de evaluación, registro y control fiscal en todo el territorio provincial.

El objetivo central de esta normativa es conformar un marco regulatorio homogéneo que garantice la rigurosidad científica, la seguridad sanitaria y la preservación ambiental. A través del Registro Provincial del Cannabis y Cáñamo Industrial, la provincia supervisará de forma continua la bioseguridad y la trazabilidad de insumos e instalaciones.

¿Quiénes podrán desarrollar investigaciones?

La resolución especifica un abanico amplio de actores habilitados para postular proyectos, siempre que cumplan con los convenios y acreditaciones correspondientes:

  • Universidades públicas y privadas de trayectoria oficial.
  • Organismos estatales de ciencia y tecnología.
  • Centros e instituciones educativas.
  • Laboratorios autorizados.
  • Personas físicas o jurídicas asociadas mediante convenios científicos a entidades reconocidas.

Los ejes de estudio permitirán explorar desde el campo veterinario, medicinal, nutricional y cosmético, hasta el aprovechamiento del cáñamo para biomateriales, fibras, bioplásticos e insumos industriales. Asimismo, se contemplan programas de formación académica, innovación tecnológica y transferencia de conocimientos.

Evaluación previa y requisitos indispensables

Ningún proyecto podrá ponerse en marcha sin atravesar una evaluación científica rigurosa y obtener la posterior inscripción en el Registro Provincial mediante resolución ministerial. Las autoridades analizarán la viabilidad técnica, la metodología, el nivel de impacto y el cumplimiento de las normas de bioseguridad.

Para ser admitidas, las propuestas deberán estructurarse bajo un protocolo formal de once puntos clave:

  1. Título y resumen ejecutivo.
  2. Justificación del problema y marco teórico.
  3. Objetivos claros e hipótesis.
  4. Metodología (selección de muestras, variables y diseño cuantitativo/cualitativo).
  5. Aspectos éticos.
  6. Bibliografía de respaldo.
  7. Plan de trabajo con desglose de recursos y cronograma.
  8. Antecedentes del equipo de investigación.
  9. Resultados esperados.

Controles periódicos y régimen de sanciones

Los equipos a cargo de los proyectos aprobados deberán enviar informes de avance cada tres meses y estar abiertos a auditorías e inspecciones técnicas sorpresa en sus instalaciones.

El incumplimiento de las normativas de trazabilidad o seguridad derivará en penalidades graduales. El abanico de sanciones va desde apercibimientos y multas económicas hasta la suspensión del desarrollo, clausura de predios o cultivos, decomiso de la producción y la cancelación definitiva del registro provincial en casos de reincidencia o amenaza a la salud pública.

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