El Gobierno nacional profundizó su ofensiva contra la explotación petrolera en las Islas Malvinas e intimó al Reino Unido para que en un plazo de dos semanas se detengan las actividades que desarrollan compañías extranjeras en aguas del archipiélago.
La nueva acción se produce en medio de una escalada diplomática y judicial por el avance del proyecto Sea Lion, encabezado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration en la Cuenca Malvinas Norte.
Según informó TN, la administración de Javier Milei busca aumentar la presión sobre Londres y las empresas vinculadas a la explotación de hidrocarburos, al considerar que las operaciones se realizan sin autorización de la Argentina.
El reclamo argentino sostiene que las licencias otorgadas unilateralmente por las autoridades británicas vulneran la legislación nacional y las resoluciones de Naciones Unidas relacionadas con la disputa de soberanía.
El proyecto Sea Lion, en el centro de la disputa
Uno de los principales focos del conflicto es Sea Lion, un proyecto petrolero ubicado aproximadamente a 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas.
El emprendimiento está encabezado por la israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration, que tomaron a fines de 2025 la decisión final de inversión para avanzar con su desarrollo.
Los planes de las compañías contemplan comenzar la producción de petróleo en 2028.
Sin embargo, el proyecto enfrenta una creciente ofensiva de la Argentina tanto en el terreno diplomático como administrativo y judicial.
La Cancillería sostiene que cualquier exploración o explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina requiere autorización del Estado nacional y considera ilegítimas las licencias concedidas por las autoridades británicas.
La Justicia también ordenó frenar las obras
La intimación del Gobierno se suma a una decisión adoptada por la Justicia Federal de Río Grande, que recientemente ordenó frenar el avance de Sea Lion.
La jueza federal Mariel Borruto hizo lugar a una medida cautelar y dispuso que Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration se abstengan de iniciar, continuar o ejecutar obras relacionadas con el proyecto.
La presentación había sido realizada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas.
La resolución alcanza, entre otras actividades, a las perforaciones, instalaciones submarinas y tareas vinculadas con la futura explotación de hidrocarburos.
Además, las compañías fueron intimadas a entregar información sobre el estado del proyecto, los pozos previstos, los equipos contratados y las empresas involucradas.
La Argentina endureció las medidas contra las petroleras
La administración de Milei viene aumentando durante septiembre las acciones contra las empresas que participan directa o indirectamente en operaciones hidrocarburíferas en Malvinas.
La Cancillería informó que ya envió cerca de 180 advertencias a personas y empresas de unos 30 países, mientras que existen alrededor de 60 procedimientos administrativos en curso.
También se presentaron denuncias penales contra compañías vinculadas con las operaciones petroleras.
Una de esas causas quedó en manos del juez federal Julián Ercolini y apunta a investigar posibles violaciones a la legislación argentina sobre hidrocarburos, además de otros eventuales delitos.
La tensión aumentó todavía más luego de que las autoridades británicas decidieran prorrogar por cinco años las licencias offshore vigentes en Malvinas, una medida que fue formalmente rechazada por el Gobierno argentino.
La Cancillería sostiene que las actividades unilaterales en el área en disputa contradicen la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que insta a las partes a abstenerse de adoptar decisiones que modifiquen unilateralmente la situación mientras continúa pendiente una solución a la controversia de soberanía.
El Reino Unido, en cambio, rechaza la jurisdicción argentina sobre las empresas que operan en el archipiélago y sostiene que los habitantes de las islas tienen derecho a administrar sus recursos naturales.
Con la nueva intimación, el Gobierno argentino vuelve a elevar la presión diplomática mientras avanzan, en paralelo, las acciones administrativas y judiciales contra las compañías vinculadas con la explotación petrolera en Malvinas.
