El conflicto por el financiamiento de las universidades públicas sumó un nuevo capítulo judicial. El Gobierno nacional presentó un recurso extraordinario para que la Corte Suprema suspenda la aplicación de la ley de financiamiento universitario, en medio de la disputa por los fondos y los salarios docentes.

La presentación fue realizada por la Procuración del Tesoro ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, con el objetivo de frenar los artículos clave de la norma que obligan a actualizar partidas y recomponer ingresos en el sistema universitario.

El Gobierno busca evitar el pago de fondos

El recurso tiene efecto suspensivo y apunta a evitar que el Estado comience a transferir los fondos que exige la ley, cuyo plazo ya se encontraba vigente.

Desde el Ejecutivo sostienen que la normativa presenta problemas de fondo, principalmente porque no establece con claridad de dónde saldrán los recursos para financiarla. En ese sentido, advierten que su implementación podría generar un fuerte impacto sobre las cuentas públicas y el equilibrio fiscal.

Incluso, estimaciones oficiales señalan que el cumplimiento de la ley implicaría desembolsos millonarios que pondrían en riesgo el superávit, uno de los ejes centrales de la política económica del Gobierno.

Una ley en disputa desde su origen

La ley de financiamiento universitario fue sancionada por el Congreso y posteriormente ratificada tras el veto presidencial, en un contexto de fuerte presión de la comunidad educativa.

La normativa establece la actualización de salarios docentes y no docentes, además del refuerzo de partidas presupuestarias para el funcionamiento de las universidades nacionales.

Sin embargo, el Gobierno insiste en que la ley es “de imposible aplicación” sin una fuente de financiamiento definida, lo que motivó la estrategia judicial para intentar frenarla.

El caso llegará al máximo tribunal

Con este movimiento, el Ejecutivo busca que la causa escale hasta la Corte Suprema, donde pretende obtener un fallo definitivo que deje sin efecto la aplicación de la norma o, al menos, suspenda su ejecución.

Mientras tanto, el conflicto sigue abierto. Universidades, docentes y estudiantes mantienen el reclamo por el cumplimiento de la ley, en un escenario de tensión creciente entre el Gobierno y el sistema educativo.