La Cámara de Diputados dio sanción final a una iniciativa que crea un marco jurídico para que los ciudadanos puedan reportar presuntas infracciones ambientales mediante fotos y videos registrados a través de plataformas digitales oficiales.

El sistema estará bajo la órbita del Ministerio de Energía y Ambiente, que funcionará como una especie de ventanilla única provincial. Su tarea será recibir los registros, validar técnicamente el material, preservar sus datos y derivar cada actuación al organismo que corresponda, sin modificar las competencias actuales de fiscalización, investigación y sanción.

La nueva herramienta podrá utilizarse para informar sobre posibles incumplimientos vinculados con residuos, recursos hídricos, bosques nativos, fauna, áreas naturales protegidas, minería, hidrocarburos, envases fitosanitarios y evaluación de impacto ambiental, entre otros.

Uno de los puntos centrales es la cadena de custodia digital. Los registros deberán generarse mediante la plataforma oficial y estarán asociados a la identidad de quien realiza la comunicación. El sistema incorporará georreferenciación, metadatos, sello de tiempo y un código de verificación para garantizar que el material no haya sido alterado.

La ley también contempla expresamente el tratamiento de imágenes falsas o manipuladas. Si se detecta que un contenido fue adulterado mediante edición, montaje o inteligencia artificial para tergiversar los hechos, será desestimado y podrá ser remitido al organismo correspondiente para evaluar eventuales consecuencias legales.

Además, quienes realicen una denuncia podrán seguir electrónicamente el estado de su trámite, mientras que el Gobierno deberá publicar estadísticas sobre las comunicaciones recibidas, admitidas o archivadas, organismos intervinientes, tiempos de respuesta y sanciones aplicadas.

Durante el debate, el radicalismo sostuvo que la norma busca ampliar la participación ciudadana y fortalecer el control ambiental. Stella Huczak (PRO) destacó el rol de los vecinos.

Desde Fuerza Patria, Lucas Ilardo acompañó la iniciativa, pero cuestionó su sentido. “Tenemos un Estado que no controla y pretende que lo haga la gente”, sostuvo.

Así, la nueva herramienta suma tecnología y participación ciudadana al control ambiental, pero también deja abierto el debate sobre hasta dónde debe llegar la colaboración de los vecinos y cuáles son las responsabilidades que continúan en manos del Estado.