A través de un decreto firmado por el gobernador Alfredo Cornejo y publicado en el Boletín Oficial, el Ejecutivo provincial rechazó formalmente un pedido administrativo presentado por empleados del Poder Judicial. Los agentes solicitaban la liquidación de retroactivos e intereses vinculados a la denominada “Cláusula C”, un ítem salarial acordado en las paritarias de 2013 para achicar la brecha de haberes entre empleados, funcionarios y magistrados.

Para fundamentar la negativa, el Gobierno provincial se respaldó en un dictamen de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial. La oficina legal recordó que la Suprema Corte de Justicia de Mendoza ya sentó una posición definitiva sobre este tema a finales de 2025.

Según la interpretación del Máximo Tribunal, cuyo criterio quedó firme tras rechazarse un recurso extraordinario federal, dicha cláusula:

• No otorga un derecho automático al reajuste de sueldos.
• No genera una deuda exigible de equiparación o pago retroactivo.
• Se limita a un compromiso que debe debatirse exclusivamente en el marco de la negociación colectiva (paritarias).

Desde la gestión provincial remarcaron que el reclamo de los empleados judiciales resulta idéntico al ya dirimido en los tribunales, por lo que la administración pública está obligada a alinearse a la doctrina fijada por la Justicia para garantizar la seguridad jurídica y la razonabilidad de los actos del Estado.

De este modo, al no existir sustento legal ni un derecho subjetivo adquirido según el criterio definitivo de la Corte local, el Ejecutivo cerró la vía administrativa para el cobro de las diferencias salariales demandadas.