La decisión fue tras una reunión de común acuerdo entre Sergio Massa y el presidente Alberto Fernández.
La Ley de Alquileres que fue gestada en el gobierno de Mauricio Macri y probada en la Cámara de Diputados en noviembre de 2019, y posteriormente sancionada por el Senado en junio de 2020, durante la gestión del oficialismo. Finalmente fue suspendida por el ministerio de Economía, la decisión fue tras una reunión de común acuerdo entre Sergio Massa y el presidente Alberto Fernández.
El Gobierno analiza las alternativas posibles para poner un punto final a la ley que regula el mercado desde hace casi tres años, a pesar de numerosos intentos de modificaciones a través del Congreso.
En su momento, el gobierno de Alberto Fernández, introdujo al mercado dos cambios claves en la Ley de Alquileres: extender la duración de los contratos de dos a tres años y convalidar una sola actualización anual del valor mensual del alquiler de acuerdo a un índice que combina la evolución de los salarios y la inflación.
Ante la incertidumbre de los propietarios, uno de los primeros efectos no deseados de la ley fue una suba por encima de la inflación para los nuevos contratos. Apenas unos meses después, el mercado inmobiliario ofrecía menos propiedades en alquiler y a precios más altos. Esto hizo que diversos sectores comenzaran a plantear cambios y el tema fue uno de los lemas de de campaña de la oposición en las elecciones legislativas.
Finalmente, en noviembre de 2021, Sergio Massa -que entonces presidía la Cámara de Diputados- anunció que impulsaría una modificación de la ley y la creación de una comisión para analizar el tema. Unos meses después, el 1º de marzo de 2022, durante la apertura de las sesiones en el Congreso, el propio presidente Alberto Fernández también pidió avanzar con cambios y reconoció problemas con el valor de los alquileres. Incluso se habló de suspender la ley por 90 días, lo que generó incertidumbre entre propietarios e inquilinos. Pero nada de eso avanzó.
Desde la entrada en vigencia de la Ley de Alquileres, ya se presentaron unos 30 proyectos legislativos en el Congreso para modificarla o derogarla. Ninguno logró avanzar. En mayo 2022 se firmaron tres dictámenes: uno de mayoría en representación del Frente de Todos y dos de minoría, de Juntos por el Cambio y de la diputada Graciela Camaño. La propuesta que el año pasado tuvo el dictámen de mayoría no altera el plazo mínimo de tres años ni el ajuste anual, los puntos más polémicos.
Para la oposición, esos puntos -el plazo y los índices de actualización- eran precisamente los temas centrales a modificar con opciones como volver al plazo de dos años de contrato y ajustes semestrales acordados por las partes según diferentes índices.
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